Posible estado excepción enciende polémica por amenaza autogolpe en Venezuela

CARACAS.---- La posibilidad de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, decrete el estado de excepción para afrontar la delincuencia, la corrupción y la crisis económica ha suscitado un debate nacional y reactivado entre sus oponentes la tesis de un "autogolpe".
Esta prerrogativa presidencial, conforme al artículo 337 de la Constitución Bolivariana (1999), permitiría a Chávez tomar "medidas extraordinarias" dentro de la legalidad y, precisamente, el debate se centra en si es legítimo hacer frente de tal modo a la pobreza, la inseguridad y la corrupción, y actuar a favor de la reactivación económica.
Pero la polémica pública, surgida tras revelar el lunes el constitucionalista Hermánn Escarrá que Chávez le había encargado un dictámen jurídico al respecto, ha despertado en la disgregada oposición venezolana el fantasma del "autogolpe".
La adopción del estado de excepción serviría para concentrar "aun más" en manos de Chávez los poderes públicos, según indicó hoy a EFE el diputado opositor de Primero Justicia, Gerardo Blyde.
El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, confirmó anoche las manifestaciones de Escarrá, agregó que el Gobierno estudia esa hipótesis legal porque "hay problemas que no se han podido resolver por la vía normal" y calificó la eventual decisión como "eminentemente política".
Escarrá dijo que Chávez le encargó un estudio jurídico sobre el desarrollo de un estado de excepción, pero rechazó la tesis del "autogolpe", porque aunque la Carta Magna prevé esa figura legal veta la suspensión de "garantías y derechos fundamentales", como los de información y libre expresión del pensamiento.
"El estado de excepción permitiría producir decretos con fuerza de ley, que eluden determinados trámites por un tiempo muy específico y sobre materias específicas a las que se refiere la declaratoria", dijo Escarrá, y precisó que las medidas no podrían extenderse más de 60 días.
Blyde subrayó que "es una demostración más de incoherencia de parte del presidente y del equipo de Gobierno y serviría para concentrar aún más el poder, así como para cercenar derechos y libertades económicas de los ciudadanos, lo que es contraproducente porque crea inseguridad jurídica en el país".
El Fiscal General, Isaías Rodríguez, declaró hoy en la Asamblea Nacional que "no justifica" una posible declaración de excepción, porque para ello es necesario tener "una conmoción interna, emergencia económica o desastre natural, que no están planteados en Venezuela".
Para dictar medidas extraordinarias no se necesita un estado de excepción, indicó, porque "se pueden dictar perfectamente obteniendo una nueva facultad por parte de la Asamblea Nacional", para tales fines.
La oposición, representada por partidos minoritarios y grupos sociales, no se explica que contemple tal hipótesis un Gobierno que dispone de amplios poderes -como la mayoría absoluta en el Legislativo- y apunta que el objetivo de una medida de esa naturaleza sería, en realidad, reprimir la conflictividad social y económica.
"Es evidente que (el Gobierno) está trabajando, con un cierto barniz constitucional, para levantar algunos derechos, como el derecho de huelga, y cree que con esto solucionará y controlará el problema social", indicó a EFE el dirigente del opositor Comité de Resistencia Civil, Enrique Ochoa.
Los representantes de la oposición coincidieron en argumentar que la conflictividad social no cesa, los precios del petróleo no auguran mantenerse aceptables durante un período sostenido, la economía no termina de reactivarse y existe una confrontación política evidenciada con los escándalos de corrupción, factores que han afectado la popularidad del Gobierno.
"La confrontación política es cada vez mayor, están apareciendo fenómenos de corrupción, la credibilidad y expectativa en el régimen es menor", aseguró Ochoa.
Mientras los opositores conjeturan con que el estado de excepción llevaría hacia una dictadura y acusan al Gobierno de no saber gestionar un plan económico coherente, los sectores oficialistas sostienen que se "está formando una tormenta en un vaso de agua".
"No tenemos conocimiento de que esto esté planteado oficialmente, porque para un llamado de esta naturaleza se debe hacer un exhorto a la AN", expresó a EFE el diputado "chavista" Tarek William Saab.
El "chavismo" insiste que la opinión pública se está adelantando a un hecho que no se discute oficialmente y que en los últimos dos días ha causado alarma social.
La AN otorgó en octubre pasado poderes económicos especiales a Chávez, a través de la Ley Habilitante, para que legislara por un año en esta materia, sin que hasta ahora se hayan observado resultados tangibles en la recuperación de la economía.