Se abre paso a la corte penal internacional y cadena perpetua

Bogotá.--- Un comité del Senado de Colombia abrió paso a la incorporación de la Corte Penal Internacional (CPI) a la Carta Magna del país mediante una enmienda constitucional y la cadena perpetua para delitos de lesa humanidad.
La iniciativa recibió un primer voto favorable en la Comisión I de esa corporación parlamentaria, que gestiona una propuesta presentada por el congresista Jimmy Chamorro.
El comité del Senado delegó el estudio del proyecto en el senador Gustavo Guerra, que el pasado día 2 rindió un informe en favor de que el llamado Estatuto de Roma de la CPI fuese incorporado a la Constitución colombiana.
Guerra defendió que la forma más adecuada de adoptar ese mecanismo judicial internacional era mediante una enmienda constitucional.
Ese fue el paso que siguió Francia, recordó el parlamentario, quien admitió en su análisis que la incorporación de la CPI en la Carta Magna del país debe superar "objeciones de carácter constitucional" que se derivan de la naturaleza y alcances del tribunal internacional.
La CPI fue creada en julio de 1998 durante una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Roma.
El Gobierno colombiano se adhirió al tratado que crea esa corte, que sólo podrá ser ratificada en el país una vez que el Congreso apruebe el acto legislativo que la incorpore a la Constitución.
El senador Chamorro criticó que el Ejecutivo de su país no haya liderado esta iniciativa, cuya eventual entrada en vigor puede tener efectos de trascendencia en el conflicto armado interno.
La CPI fue creada para que enjuicie a los responsables de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Colombia pasa por una crisis humanitaria que inquieta a la comunidad internacional y que se deriva de la actividad de los grupos guerrilleros y de los paramilitares de ultraderecha.
Según los promotores de la incorporación constitucional de la CPI en Colombia, el tribunal internacional puede procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad o de delitos atroces, como los de la desaparición forzada, el desplazamiento, el secuestro y los ataques indiscriminados contra la población civil, que caracterizan el conflicto armado interno.
Por tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto debe recibir ocho debates en dos legislaturas diferentes, cuatro de ellos en el Senado y los otros cuatro en la Cámara de Representantes.