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Nueva movilización de indigenas en el Ecuador pone en jaque a Noboa

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo alarde de su capacidad de convocatoria al movilizar a unos 5.000 campesinos hacia Quito, para exigir al Gobierno la anulación de los últimos ajustes fiscales.


QUITO .--- La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo alarde de su capacidad de convocatoria al movilizar a unos 5.000 campesinos hacia Quito, para exigir al Gobierno la anulación de los últimos ajustes fiscales.
Además, otros tantos miles de indígenas han obstruido la principal arteria vial, la carretera Panamericana, que cruza de norte a sur el país y cuya paralización amenaza con desabastecer a los mercados de alimentos en las principales ciudades.
Los indígenas se han apostado en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, en el centro comercial y financiero de Quito, desde donde organizaron, el lunes, una multitudinaria marcha que fue disuelta por los abundantes gases lacrimógenos utilizados por la Policía.
Además, los dirigentes de ese grupo afirman que otros cientos de campesinos de la zona central y del norte de la sierra ecuatoriana caminan hacia la capital para engrosar las manifestaciones.
Para intentar cerrar el paso de los campesinos, el Ejército ha ubicado piquetes de control en varios puntos de la Panamericana, impidiendo que los vehículos que transportan a los indígenas avancen, aunque los comuneros pretenden llegar a Quito caminando.
Tras la Conaie se han cobijado muchas organizaciones populares que exigen también la anulación del último incremento a los precios de las gasolinas, la duplicación del valor del gas de uso doméstico y el aumento de las tarifas del transporte público, la electricidad y el servicio telefónico.
El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, ha pedido al Gobierno que se sensibilice con la situación de pobreza que soporta la mayoría de la población (70 por ciento) y retroceda en los ajustes.
Vargas subrayó que las protestas no se detendrán hasta que el Gobierno rectifique: derogando los ajustes, incautando bienes a los banqueros acusados de corrupción y mejorando las recaudaciones tributarias, lo que reportaría unos 9.000 millones de dólares, suficientes para dejar de lado las medidas fiscales.
Además le sugiere abandonar la recién adoptada dolarización para recuperar la soberanía monetaria y crear una nueva moneda nacional que sustituya a la divisa estadounidense.
La dirigente indígena Blanca Chancoso asegura que en esta oportunidad la Conaie no intenta desestabilizar al Gobierno, en referencia al derrocamiento del ex presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero del año pasado, que fue obligado a abandonar el poder tras una insurrección civil militar.
Chancoso insistió en que las organizaciones sociales sólo demandan la derogación de las medidas económicas.
Por su parte, el Ejecutivo se niega a revisar los ajustes, a los que considera fundamentales para equilibrar la economía nacional que aún intenta recuperarse de la crisis que agobió al país en 1999.
El Gobierno no dialogará con la Conaie, pues considera que esa organización ha politizado al sector indígena y sus demandas, en algunos casos, son "contrarias, de manera flagrante, al orden constitucional".
El presidente del país, Gustavo Noboa, ha ofrecido no imponer más ajustes en este año y ha pedido a los dirigentes indígenas que depongan las medidas de presión para iniciar un proceso de diálogo.
El Gobierno cree, además, que la convocatoria de la Conaie es "escasa" y que en los grupos sociales hay intereses "subversivos", por lo que ha ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado apresar a todos los que insinúen proclamas contra la Democracia y el sistema constitucional.
Las posiciones del Ejecutivo y la Conaie, de momento, parecen irreconciliables y ninguna de las partes se muestra dispuesta a ceder.
Además, el Gobierno, opuesto a anular los ajustes, y los indígenas, que le protestan al pie de sus puertas, se han amenazado mutuamente con radicalizar sus acciones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía han afirmado que controlarán el orden a cualquier precio, mientras los frentes sociales se han empeñado en mantener el levantamiento popular "hasta las últimas consecuencias"

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