La policía panameña se declara en alerta en zona fronteriza

PUERTO OBALDIA, Panamá --- La policía panameña trata de demostrar que puede frenar las incursiones de guerrilleros y paramilitares colombianos, aunque muchos poblados, sometidos a un virtual toque de queda, consideran insuficientes esos aparatosos despliegues que les ocasionan mil molestias.
En Puerto Obaldía, un corregimiento limítrofe con Colombia sobre el Atlántico (comarca de Kuna Yala, ex San Blas), así como en las comunidades circundantes, desde hace varios meses nadie puede desplazarse sin dar parte a la autoridad, ni hacerse a la mar, principal punto de acceso, después de las cinco de la tarde.
En la colina hay trincheras cavadas y en el puerto un soldado armado con su AK-47 vigila el horizonte, parapetado detrás de una construcción de troncos y bolsas de arena.
"Aquí hay de todo: FARC, 'paracos', tráfico de armas, rutas para narcos", pero "la Policía Nacional de Fronteras (PNF) ha asumido un total control de la frontera", proclama el mayor a cargo de la localidad durante noviembre (hay una alternancia mensual), que pide el anonimato por temor de represalias contra su familia.
Más tarde, uno de sus subalternos matiza esos propósitos: "Damos protección a algunas poblaciones, pero todavía no tenemos la capacidad de actuar en las serranías donde vive poca gente".
Este jueves, el Servicio Especial de Fronteras de la Policía panameña (SEF) declaró el "estado de alerta" en la región, por temor a un ataque guerrillero que podría producirse hacia mediados del mes próximo, indicó el Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, sin especificar de qué bando procedía la amenaza.
El ministro añadió que debido a la tensión se enviaron esta semana refuerzos a Puerto Obaldía y Maliwita, además de cuatro helicópteros artillados con visores nocturnos.
Desde 1994 hasta agosto pasado, las autoridades panameñas habían contabilizado unas 30 incursiones armadas desde Colombia, la mayoría en la vecina provincia de Darién, que tiene el tramo de frontera más largo.
La capacidad de combate de las fuerzas panameñas, aún por probar, deja por el momento escépticos a los refugiados colombianos y a los indígenas kuna.
"La policía nos está cuidando. Pero ya sabemos en Colombia que a la hora de la plomera, hasta la misma policía dispara p'al pueblo", afirma una de las desplazadas de La Bonga, una localidad cercana que el año pasado fue incendiada por los paramilitares.
Todos coinciden en que los guerrilleros cruzan para buscar comida o descansar, y que los paramilitares vienen detrás de ellos y consideran colaboradores a quienquiera les venda una gallina.
Armila, un caserío kuna de unos 300 habitantes a 15 minutos de lancha de Puerto Obaldía, vive bajo el terror desde que en 1996 los paramilitares desembarcaron y cometieron cierto número de tropelías de las que nadie quiere hablar en detalle.
"Mi hija, de 14 años, se fue a estudiar a (ciudad de) Panamá, y ya no quiere volver", comenta uno de los moradores.
El poblado obtuvo luego el envío de 20 a 40 efectivos, según las versiones. La entrada por mar está prohibida de noche y en los accesos terrestres, según los habitantes, la tropa activa cazabobos (trampas explosivas) que les impiden alejarse para hacer sus necesidades, pues el pueblo carece de letrinas.
La llegada de la PNF permitió sin embargo algunos progresos, como la aparición de un generador de electricidad que da luz a partir de las siete de la tarde.
Pero así y todo los armilenses no se sienten seguros. Algunas noches, el pueblo queda a oscuras, y se llena de rumores. Tal ocurrió a inicios de esta semana, cuando según parece un lugareño topó con un miembro de las FARC que le advirtió que si las autoridades seguían vedándoles la compra de comida, vendrían a tomarla por la fuerza.
Esa misma noche, en Puerto Obaldía, la PNF copó las calles y obligó a los pobladores a meterse en sus casas. ¿Simulacro o alerta real? Los habitantes se lo preguntan.
La amenaza de las incursiones y el refuerzo de los controles afectaron la actividad económica de la zona.
Los barcos colombianos que venían a comprar cocos y los turistas que llegaban a playas paradisíacas como La Miel, en la misma línea de frontera, espacian sus visitas.
Un funcionario del consulado colombiano en Puerto Obaldía se ofusca: "hay muchos abusos; los policías piden exigen demasiados trámites a los colombianos y desalientan el comercio y el turismo".
Pero según el mayor, los controles tienen su razón de ser, ya que hay gran cantidad de binacionales que se mueven como quieren de uno u otro lado de la frontera.
Un agente de la Dirección de Información e Investigación de Policía panameña (DIIP) tiene menos reparos de lenguaje: "el 90% de los habitantes de Puerto Obaldía son colombianos y el 90% de ese 90% simpatiza con un bando. Es normal que los controlemos", afirma.
El próximo lanzamiento del Plan Colombia, con fuerte apoyo financiero y logístico de Estados Unidos, preocupa a todos.
"Se espera una gran cantidad de desplazados. La supuesta intención principal (del Plan) es erradicar los narcocultivos, pero los narcocultiuvos están fuertemente protegidos", señala el agente de la DIIP.
Me da tristeza que los problemas colombianos sean tan fuertes y que la frontera sea tan frágil. Sólo queda rogarle a Dios que los problemas se queden allí", concluye.