Editorial Gustavo Gómez: ¡Pellízquense!

Lo he dicho tantas veces en los editoriales de 6AM, que corro el riesgo de aburrir a la audiencia. Pero lo haré una vez más hoy, repitiendo que las repúblicas no son denominaciones casuales o etiquetas que ponemos con cierta ligereza. Una república no es otra cosa que el imperio de la ley. Y si la ley no se cumple, si en ella no se apuntala una efectiva estructura gubernamental del Estado, estamos frente a la anarquía.

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En menos de dos meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, parece que hemos asistido al entierro de la propiedad privada, y todos distraídos con el entierro de Isabel II, ella sí hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido.

Hoy en Colombia, al menos en este asunto, la autoridad no existe. El Estado se durmió, la policía está turulata y los alcaldes, desentendidos. Y todos tan tranquilos mientras, con el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares de la democracia, todo el que quiere, y me perdonan la frase, todo el que quiere, repito, se limpia el trasero.

El ministro de Defensa, enérgico, dijo que en 48 horas la fuerza pública actuaría frente a los invasores. Van tres o cuatro veces las 48 horas y el ministro no da órdenes; solo declaraciones. La ministra de Agricultura asegura públicamente que quien invade tierras entorpece la tarea del gobierno y que ojalá no haya que llegar a los desalojos. Ministra: ya llegamos a la etapa de desalojos. ¡Y no se producen! ¿Qué pasó? El ministro del interior, persona sensata, quiere dialogar con los invasores. De acuerdo, ministro Prada, pero dialogar es algo distinto a instalar interminables mesas de diálogo que solo buscan animar el despojo y que corran tiempos fatales. Lo que dispone la ley es el retiro de la gente que invade, y ellos sí, deben dialogar con el gobierno sobre las fórmulas del gobierno para la redistribución de la tierra. Fórmulas que aún no conocemos.

• ¡Que primero se desarmen los delincuentes!

Bien lo dijo Germán Vargas Lleras en su columna dominical, donde no hubo nada diferente a un amable recorderis de la ley: el artículo 81 del Código de Policía contempla la “acción preventiva por perturbación”, según la cual, la policía impedirá la perturbación del derecho a la propiedad o expulsará a los responsables dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. Ese artículo está más muerto que Isabel II.

Y descansa en paz también el artículo 79, que contempla la posibilidad de instaurar una querella ante el inspector de policía, quien está obligado a ordenar el desalojo y ejecutarlo dentro de las 24 horas siguientes a la ocupación. Vayan a hacer la gestión y verán que nada pasa: ni acciones de desalojo, ni capturas, ni siquiera la bobería de las multas.

Por no hablar del artículo 263 del Código Penal, que contempla penas entre 48 y 90 meses de prisión para el delito de perturbación. Hoy, la ley está muerta. Muerta para quienes la padecen y para quienes no la hacen respetar.

Así que comprensible es la alerta por caravanas de dueños que pretenden evitar las invasiones y la preocupación que produce preguntarse si están armados. Pero ellos no son el problema. Lo podrían ser, pero no lo son hoy. El problema es un Estado que parece convertido en estatua; que está ahí, pero no ejecuta acciones; que ladra, pero no está interesado en morder; que alza la voz en medios de comunicación, pero no actúa en las regiones. Ministros que son declaraciones; ministros que hablan desde los escritorios, mientras los derechos de cientos de miles de colombianos son violados. La gente se defiende cuando el estado no la defiende. Terrible, pero históricamente cierto.

No hablamos de los derechos de los de grandes terratenientes, quienes también tienen derecho a la ley; son los derechos de todos, porque lo que hoy nos parece lejano, allá en las regiones, un problema de los ganaderos, mañana podríamos verlo en la ocupación de condominios, edificios, conjuntos. Tal vez bodegas, predios urbanos y lotes; en la casita que usted compró en Girardot; en el terreno que heredó de sus papás, comprado por ellos a punta de trabajo.

El gobernador del Magdalena, generoso de lengua, ha dicho que toda Colombia está en modo autodefensa. No, gobernador, el país entero está en modo desprotección, que es muy distinto. La reflexión es muy sencilla, y no conoce de clases, estratos y órdenes sociales. La ley es para todos. Y todos tienen derecho a que la autoridad la haga cumplir. Pero la autoridad está hibernando. Y el gobierno cree que en primavera la vida será otra vez feliz, sabrosa.

Presidente Petro, ministros de Estado: no tenemos primavera, no tenemos estaciones y, como vamos, no tendremos propiedad privada en este país. Para decirlo en el más puro colombianismo, ese que entendemos todos: por favor, ¡pellízquense!