Editorial Gustavo Gómez: ¡Que primero se desarmen los delincuentes!

Nuevamente el presidente Gustavo Petro habló este fin de semana, desde el municipio de Ituango, sobre la posibilidad de un diálogo con los grupos armados ilegales, cuyo presupuesto sería un cese al fuego multilateral.

No es la paz, dijo Petro, pero sería un paso importante en el camino para lograrla. Vamos al punto: un cese al fuego multilateral, es decir, de todas las partes comprometidas. Suena bien, pero enreda lingüísticamente la tarea de las Fuerzas Armadas y nos pone a pensar en la propuesta de las disidencias de las Farc, hace días, de deponer las armas si el Ejército se dedica a tareas humanitarias.  

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Hay aquí un contrasentido: es que el uso estatal de la fuerza no se hace en virtud de intencionalidades violentas. Las Fuerzas Armadas aplican esa fuerza del estado en la humanitaria tarea de proteger a la gente, de cuidar a las comunidades; de defenderlas de quienes, ellos sí en uso de la violencia, pretenden delinquir, controlar territorios, acallar líderes sociales y blindar sus negocios ilegales.

De allí lo peligroso de meter en la misma bolsa a todos los actores armados fuera de la ley. Una cosa es el diálogo con el ELN y su intencionalidad política, de hacerse con el poder, que entre otras hoy representa Petro como presidente. Otra, muy distinta, ambientar multilateralidades que comprometan a la fuerza constitucional del estado.

Bien lo dijo el ministro de Justicia: “la Fuerza Pública tiene que continuar cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Solo en la medida en que haya esa expresión de buena voluntad, concreta y material, podemos empezar a diferenciar los términos de relación en el accionar”.

Entonces, los grupos al margen de la ley deben cesar en el uso de las armas. Pero es que usan las armas para preservar el narcotráfico, la extorsión o el secuestro con fines de enriquecimiento. Solo dejando de adelantar tal actividad tendríamos el fin del uso de sus armas. Si no narcotrafican, no necesitan usar armas. Si no secuestran, no necesitan usar armas. Si no extorsionan, no necesitan usar armas.

Dicho de otra manera: la invitación no es tanto a que dejen de usar armas, como a dejar las actividades que los hacen portarlas y accionarlas. Esto es, someterse a la ley, y no generar la idea de que, de parte y parte, hay que prescindir de este uso.

Dijo el presidente que “las agrupaciones que hacen presencia en el territorio de manera ilegal han enviado cartas al Gobierno, diciendo que quieren paz”. Positivo, sí, pero de tales comunicaciones surgen preguntas que nadie contesta: ¿han ofrecido entregar rutas de narcotráfico?, ¿dejarán de asesinar?, ¿se comprometen a no secuestrar ni extorsionar o vacunar?, ¿han dicho claramente que se someterán a los jueces de la república?, ¿han creado comisiones o elegido voceros para detallar cómo aceptarán el peso de la ley?

Con ellos vivimos la violencia, no porque la aliente el estado. Son los ilegales quienes la animan y mantienen, y la Fuerza Pública la que debe, ante estas situaciones que atentan contra la ley y la tranquilidad de los colombianos, actuar.

Como bien dijo Petro: “de las palabras hay que pasar a las acciones”. Y, digo yo, mientras esas palabras no se conviertan en acciones concretas, en el desistimiento de delinquir y atentar contra la vida de los colombianos, no pueden cesar las acciones de la Fuerza Pública.

Qué ironía: el multilateralismo funciona con base en el unilateralismo, en que los grupos delincuenciales dejen de dedicarse al crimen. Si eso no sucede, el multilateralismo del que habla el presidente se queda, como a su vez dice él de las propuestas llegadas a Palacio de Nariño, en meras palabras.

Las palabras se soportan en acciones. Hacer la paz significa vivir la paz, decidir dejar la guerra y el delito. Mientras eso no suceda, el estado no puede convertir a sus uniformados en una suerte de gestores de convivencia.

Como sostuvo el comisionado de Paz, Danilo Rueda: “ningún proceso de paz significa impunidad”. La impunidad, en presencia del delito común, por mucho que se empeñe en camuflarse de político, se define como no recibir castigo. ¿Como sociedad les diremos a los delincuentes comunes que no solo no los vamos a combatir con la fuerza del estado, sino que tampoco los vamos a castigar?

El señor presidente tiene la palabra. Y la palabra, como él pregona, solo vale si se respalda en acciones.