La nueva guerra por el Catatumbo

Bultos de dinero del narcotráfico financian a los grupos ya consolidados en la zona y a nuevos actores armados. Los civiles, los más afectados. Reportaje de Yamit Palacio de 6AM.

Reclutamiento de menores, minas antipersona y artefactos explosivos, desapariciones, campos de trabajos forzados y “rehabilitación”,control territorial y anulación de líderes, desplazamientos, confinamientos y ataques a la misión médica se suman al ya conocido abandono estatal para crear una auténtica bomba social. 

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Atentados, asesinatos, un posible artefacto explosivo en las afueras de un templo, enfrentamientos cotidianos entre grupos armados, unos migrantes que invaden terrenos de una guarnición, unos padres que bloquean una carretera para exigir que lleguen los maestros, una bomba en Bogotá atribuida a un grupo que delinque en el Catatumbo, una motocicleta bomba activada en un batallón de Tibú, carros atravesados en las vías con pintadas que alertan de presencia de explosivos, atentados contra un alcalde, robos de vehículos e intimidaciones a líderes sociales, hostigamientos diarios en estaciones de policía . Todas esas son noticias de las últimas semanas en el Catatumbo que ponen en riesgo, sobre todo, a la población civil que debería estar protegida en cualquier conflicto.

Escuche la perspectiva de la defensora regional del pueblo en Ocaña, Deissy Díaz.

Desplazarse, confinarse, callarse para sobrevivir

La región tiene cifras preocupantes de desplazamiento individual por amenazas o por temor a enfrentamientos. Es uno de los departamentos más afectados por ese problema. Entre el 2020 y el 2021 fueron registrados 19 desplazamientos masivos en la zona. Ya en 2022 han contabilizado cinco. Ni los municipios ni el departamento han tenido recursos suficientes y, tal y como ocurre en otras regiones, consideran que la respuesta de la Unidad para las Víctimas es lenta, engorrosa y tardía. Cuando esta entidad responde, tres meses después, ya muchos más derechos han sido vulnerados y la gente ha retornado sin garantías o se ha desplazado nuevamente. Hay, por ejemplo, comunidades de Teorama que se han desplazado hasta tres veces en un año.

El peor de los mundos es para un desplazado migrante indocumentado. Si no es colombiano y no ha accedido al llamado Estatuto de Protección no recibe una mínima ayuda ni garantía de protección del Estado colombiano.

Entre 2020 y 2021 hubo diferentes episodios de confinamiento, sobre todo durante los llamados “paros armados”. Sólo un municipio declaró oficialmente la situación y reconoció que más de 27 mil civiles fueron afectados.

No sólo hay desplazamientos dentro del departamento. Hay registros de la llegada de muchas familias de Arauca donde disidencias y ELN han librado una guerra a muerte. Aquí los grupos a veces compiten, a veces cooperan y otras se reparten el mapa.

Esas vulneraciones de derechos preocupan a Diógenes Quintero, expersonero, exdefensor y congresista electo por las víctimas del Catatumbo. Escúchelo aquí:

¿A dónde van los desaparecidos?

En Norte de Santander sigue aumentando el número de personas reportadas como desaparecidas, aunque el subregistro es inmenso por el miedo de los familiares a denunciar. Este es uno de los seis departamentos con cifras más alarmantes de ese crimen.

Matar, descuartizar, desmembrar son prácticas cada vez más frecuentes, sobre todo en la zona metropolitana de Cúcuta, donde varios grupos se disputan el control de trochas ilegales cobrando peaje a personas y mercancías. Los protocolos de búsqueda son muy lentos y engorrosos para los familiares de las víctimas. No hay suficiente coordinación entre las instituciones que atienden a las víctimas de ese delito.

Reclutamiento de menores

Esta práctica crece a una velocidad aterradora. Sólo en una vereda del municipio de El Carmen se han llevado forzosamente a 25 menores para un grupo ilegal. Otro caso preocupante para diferentes ONG está en zona de La Gabarra, un corregimiento de Tibú que el país vino a conocer por una de las masacres que fueron la impronta de la arremetida paramilitar a finales de los años noventa en esta región. Hay reclutamiento por la fuerza, por seducción mediante armas y otros bienes y por “sanción social” por alguna conducta que contradiga los códigos de esos actores armados. Todos ellos son vulneraciones a los derechos de los menores e infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario. Cientos de familias han preferido desplazarse gota a gota ante el asedio de los reclutadores.

A continuación, el doloroso testimonio de un padre a quien se le llevaron a su hijo con la novia, ambos menores, y, tras intentar fugarse, fueron asesinados. Este campesino sólo pide al grupo que le permita encontrar y enterrar sus restos.

Minas y artefactos explosivos

En 2021, sólo en Norte de Santander, hubo 137 víctimas de minas y de artefactos explosivos. Es el departamento más afectado. Los instalan visibles, los siembran camuflados, los lanzan y los hacen explotar a control remoto.

En regiones como esta, tan golpeadas por los conflictos entre grupos armados, esas víctimas se organizan en mesas locales y regionales. Algunas de ellas preparan acciones legales pues consideran que, por trámites excesivos y asignación de cupos, las reparaciones no están llegando en los plazos que fijan las normas.

Esto dijo al respecto Maritza Pérez Amaya, quien lidera una de esas organizaciones.

Los cálculos más conservadores hablan de 340 mil víctimas reconocidas por el Estado en el Catatumbo, no sólo de minas. Todas estas dificultades que manifiestan las víctimas se refieren a hechos ocurridos en las últimas décadas en el Catatumbo, pero aquí cada día hay nuevos hechos victimizantes y quienes los padecen entran a una fila que por ahora parece interminable para que les reconozcan sus derechos. 

Un nuevo ciclo de violencia

El país recuerda las explosiones recientes en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y un atentado contra la aeronave presidencial como los hechos más visibles, pero las acciones armadas como esas han sido persistentes en la región.

La tendencia más relevante que ha ocurrido este año es el traslado de la confrontación a las zonas urbanas, tanto de los municipios del Catatumbo como de la zona metropolitana de Cúcuta. En las últimas semanas la situación es particularmente riesgosa para organizaciones humanitarias, funcionarios y periodistas que quieran documentar los efectos de la confrontación sobre la población civil.

La del Frente 33 es una expansión escandalosa. En medio de los efectos de la pandemia han reclutado centenares de combatientes (muchos de ellos menores) y hacen presencia en cerca de 20 municipios de Norte de Santander, es decir, la mitad de su territorio. Hay tres hipótesis que no son excluyentes entre sí y podrían explicar la arremetida violenta de este grupo: Podrían estar buscando mostrar poderío militar para despedir al actual Gobierno y saludar al que llega. Intentan advertir a los otros grupos armados que han vuelto por la que solía ser su zona de influencia. Finalmente, quieren mostrar fuerza buscando ser protagonistas de una eventual nueva conferencia de las Farc y en una posible conformación de un nuevo secretariado entre los distintos grupos disidentes. Ya tienen estructuras armadas en barrios de Cúcuta y han logrado “tercerizar” acciones violentas pagando a bandas locales.

La presencia del ELN no es homogénea en todo el Catatumbo. De hecho, hay dos tendencias: La Magdalena que está más presente en El Tarra, San Pablo, Convención y la línea conocida como La Provincia que hace presencia, sobre todo, en poblaciones como Teorama, San Calixto y Hacarí. Por la estructura federativa de ese grupo, hay diferencias entre ambas tendencias sobre asuntos ideológicos y fuentes de financiación.

Sobre el EPL, sucesivos pronunciamientos estatales han hablado de su desaparición o aniquilación. Sin embargo, diferentes fuentes aseguran que hay militantes reagrupándose y tratando de rearmarse tras los golpes que les dio la Fuerza Pública y la guerra que enfrentaron con el ELN que dejó a ese grupo muy maltrecho.

La presencia de la Fuerza Pública es numerosa (es el segundo departamento con más tropa), pero, en una geografía tan hostil, nunca parece suficiente. Varios conocedores le dijeron a Caracol Radio que, en algunos casos, la cercanía de las tropas con bienes civiles hace que -en el momento de los ataques armados- sea muy difícil que se cumplan principios como el de precaución y distinción para evitar afectaciones a la población civil.

Por todo lo anterior, el desespero de las comunidades es evidente y las personerías no dan abasto. Este nuevo ciclo de violencia lleva cerca de año y medio, pero ha arreciado durante 2022 con pasacalles, paquetes bomba y hostigamientos a las fuerzas estatales.

Además, hay hombres armados que dicen hacer parte de la Segunda Marquetalia, disidentes que usan el nombre del frente 41. Existe la banda transnacional conocida como Tren de Aragua, delincuentes conocidos como Botas de Caucho, y finalmente AGC (Clan del Golfo), que habría recogido anteriores integrantes de Los Rastrojos.

Con una rapidez inusitada pueden cambiar las dinámicas de la confrontación en la región. Un día los que hasta ayer eran enemigos se convierten en aliados y los que ayer se repartían tranquilamente el mapa, pueden atacarse hoy sin piedad. Escuche el análisis de Wilfredo Cañizares, reconocido investigador y líder de la Fundación Progresar

Ataques e irrespeto a la labor de la misión médica

De acuerdo con cifras del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Norte de Santander concentró el 15% de las agresiones contra la misión médica en el país durante 2021. Hablar del papel de la misión médica en pleno conflicto supone hablar de neutralidad. Así lo explica José Manuel Galeano, enfermero experimentado y subdirector encargado del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Dice estar preocupado por el irrespeto a dichas misiones en la región y cree que si en esta zona hay más reportes es porque el personal médico sabe que debe informar sobre tales infracciones.

Como si lo anterior fuera poco, el personal del intervenido Hospital Regional de Ocaña denuncia que atiende a las víctimas de minas antipersona, pero el gobierno central muchas veces no paga esas cuentas. El próximo 21 de abril habrá una reunión con personeros, alcaldes, militares y policías del Catatumbo para intentar lograr mayores garantías para que el personal médico haga su tarea.

Migrantes, un capítulo aparte

Uno de los funcionarios que mejor conoce la frontera es Víctor Bautista. Hoy trabaja para la Gobernación de Norte de Santander. Admite que las dinámicas de la guerra y de las economías ilícitas se están nutriendo de la necesidad de los venezolanos que viven irregularmente en Colombia. Bautista sabe que aún hay lugares donde el Estado debe hacer más esfuerzos para censar a los migrantes, incluir a quienes cumplen los requisitos en el Estatuto de Protección Temporal y ofrecer soluciones mediante el Sisbén y las matrículas en los colegios. Pero cuando intentan resolver un problema, surge otro. Ahora las autoridades están preocupadas por las frecuentes invasiones de terrenos. Entre 2020 y 2021 se duplicó el número de migrantes denunciados por estar presuntamente implicados en delitos en la frontera, pero judicializarlos no siempre es posible porque muchos ni siquiera están legalmente en el país y, como ya sabemos, no hay relaciones con Venezuela.

Dinero del narcotráfico, el motor de las violencias

La llegada de los carteles mexicanos a la frontera potenció el negocio, trajo dinero circulante que motiva a más personas a cultivar y alcanza para “aceitar” a grupos armados y funcionarios corruptos. Se trata de una bonanza sólo comparable con la que se produjo tras la arremetida paramilitar de hace veinte años en la cual las AUC promovieron la siembra masiva de hoja de coca. La frontera, dicen los análisis de la Fundación Progresar, ya no es sólo proveedor de materia prima; los mexicanos han logrado influir para aumentar la productividad de los cultivos y lograr una optimización de la cadena impulsando a muchos cultivadores para que no solo vendan costales repletos de materia prima, sino que la procesen hasta lograr proveer pasta base de coca.

Tan lucrativo es el negocio que los cultivos se han expandido hasta la zona rural de Cúcuta. La misma ONG habla de cerca de 3 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito que han invadido hasta zonas protegidas de las cuales se abastece el acueducto de la ciudad.

De cada 100 toneladas procesadas, Progresar calcula que las autoridades sólo logran incautar entre el 3 y el 5%. El balance de 2021 podría terminar con más de 40 mil hectáreas sembradas en el departamento según proyecciones conservadoras. Hay expertos que estiman un crecimiento mayor para el mismo año, alcanzando 45 mil hectáreas. 13 % de ellas están en Tibú, el municipio con más hoja de coca cultivada en el mundo.

No sólo de esa economía ilegal viven los grupos armados. Hay extracción ilegal de petróleo de los oleoductos estatales para convertirlo en “pategrillo”, un combustible refinado artesanalmente que, a su vez, sirve para el procesamiento de la coca.

Escuche aquí la aproximación policial a estos problemas en la voz del coronel Carlos Martínez, comandante de la institución en el departamento.

Rompimiento del tejido comunitario

Nadie lo va a reconocer por miedo, pero durante los talleres para generar ideas para los proyectos PDET (Programas estatales con enfoque territorial fruto de los acuerdos de paz) participaron muchos líderes comunitarios que contribuyeron a aportar ideas para unas 1500 iniciativas. Muchas de ellas se quedaron en el papel, pero, sólo por participar en esas actividades, muchos líderes comunitarios fueron acusados de colaborar con el Gobierno y debieron desplazarse. Otros se quedaron en sus veredas, pero, por presión de los grupos armados, han perdido influencia. En otras palabras, su liderazgo fue anulado o proscrito.

Esos grupos armados regulan la vida social, establecen horarios, hacen “justicia”, tienen campos en los cuales han llevado a trabajos forzados a jóvenes que consumen drogas o tienen conductas prohibidas por lo armados. Hay comunidades que han avalado esas prácticas, pero hay otras que han guardado silencio aterrorizadas. Todo ello creció desmesuradamente durante los peores meses de la pandemia.

Hay un tema del que tampoco se habla abiertamente: el despojo a líderes sociales que se atreven a evidenciar los excesos de los grupos armados. Algunos no han sido asesinados, pero su liderazgo fue castrado y fueron expulsados del territorio y sus parcelas invadidas. Es una especie de cancelación, un veto y, al mismo tiempo, una advertencia para quienes se queden.

Cinco alcaldes de la región han tenido graves amenazas de alguno de los grupos armados. Uno de ellos, el de La Playa de Belén, sufrió un atentado hace pocos días. Hay grupos armados que intentan influir en la formulación de los planes de desarrollo de los municipios, en la asignación de presupuestos y en la contratación.

A pesar de este panorama generalizado de violencia, hay voces como la de Carmen García, quien lidera la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz. Escuche aquí su visión de la situación.

Cúcuta y su área metropolitana

Norte de Santander tiene 10 municipios fronterizos. Aunque hay tres pasos legales, el número de trochas (pasos irregulares) es incontrolable. Hay en realidad 400 kilómetros de trocha potencial dice algún oficial y agrega: “más se demora uno en cerrar una que los ilegales en abrir otra”.

Hay una guerra cada día más degradada por el control de la frontera y por los “peajes” que puedan cobrar a cualquier actividad legal e ilegal. Paso de transeúntes, contrabando, narcotráfico, ingreso de chatarra desde Venezuela, paso ilegal de gasolina de aquí hacia allá y hasta paso de corozo de palma de aceite venezolano.

Varios oficiales reconocen que la POLFA (Policía Fiscal y Aduanera) es absolutamente insuficiente para controlar la situación, que las mafias se han beneficiado del cierre de fronteras ordenado por el gobierno Duque en su estrategia de “cerco diplomático” al gobierno Maduro. Cuatro años después, Duque termina su mandato, Maduro sigue en el poder y los grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y los uniformados corruptos son más ricos que nunca.

El otro frente de guerra lo protagonizan en Puerto Santander el ELN y las AGC. Algunas fuentes consultadas por 6 AM aseguraron que este último grupo debió traer refuerzos de Urabá y Córdoba para resistir la confrontación por esta zona. Esta disputa sangrienta ha tenido efectos colaterales en barrios de Cúcuta y del municipio de Zulia, donde la población ha sufrido por tiroteos, violencia sexual ejercida por combatientes, masacres, desapariciones y otros crímenes atroces.

Escuche aquí algunos de los hallazgos de la ONG Pares con el investigador Daniel Parra.