Buenaventura: miles de víctimas no podrán votar por las curules de paz

Cuando el Estado y la mayor parte de la guerrilla firmaron los acuerdos, la Costa Pacífica sintió esperanza. Varias instituciones (Pares, la ONU, iglesias y centros de estudios) advirtieron que esas regiones donde las Farc delinquían, podrían ser copadas por otros grupos ilegales movidos por los recursos del narcotráfico, la minería ilegal, la comercialización descontrolada de maderas y hasta el tráfico de personas. La profecía se cumplió. Hoy hay más víctimas que entonces y miles de personas de la zona que están desplazados y confinados no podrán acceder a puestos de votación para elegir a quienes deberían representarlos en las llamadas curules de paz ¿Quién elegirá entonces? Esto nos dijo Graciano "Gachio" Caicedo, candidato a una curul de paz por el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí.

“Mientras haya miedo, será más fácil dominar las personas y las conciencias”: Iglesia Católica

La frase es de Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, Obispo de Buenaventura. No oculta su preocupación por las zonas rurales que quedaron completamente deshabitadas por acciones de los grupos armados ilegales. El aumento de la violencia no le parece inédito. Justo antes de elecciones anteriores, se recrudeció la confrontación y hubo presiones armadas. Reconoce que la fuerza pública ha aumentado su tropa en la zona, pero la Diócesis lleva muchos años pidiendo una presencia integral del Estado, no sólo con las Fuerzas Armadas. Este líder católico reclama programas agrícolas o pesqueros, soluciones concretas de planes alternativos a los cultivos de uso ilícito y educación de calidad. Sin ello, asegura, va a ser muy difícil romper lo que llama “la espiral de la violencia”.

Escuche en este audio el relato de Monseñor sobre la grave crisis de criminalidad urbana en Buenaventura.

La radiografía que hace el Personero Edwin Patiño Minota complementa este diagnóstico preocupante. En Buenaventura, dice, el 90% del territorio es rural. Cada vez es más evidente la presencia de vallas y paredes marcadas por grupos armados. Con los combatientes llegan intentos de reclutamiento de menores, casos de violencia sexual, daños en las viviendas y restricciones a la movilidad de las personas que, por miedo, se ven obligadas a desplazarse o confinarse. Eso es lo que ha ocurrido en las poblaciones que habitan las orillas de los ríos Yurumanguí, Cajambre, Raposo y Naya.

Algo similar ha ocurrido con habitantes del Bajo Calima y del Río San Juan. De 1346 familias censadas en la zona, se desplazaron casi 1000. De ellas, 800 se fueron directamente a Cali y el resto llegó a Buenaventura, pero viven hoy en condiciones indignas según ha verificado el funcionario. Muchas de ellas han sido revictimizadas por el enfrentamiento entre facciones de dos bandas que llevan años delinquiendo en la zona urbana. Las autoridades registraron durante 2021 casi 200 asesinatos en la cabecera distrital.

Escuche al Personero que reconoce que el proceso que deben seguir las víctimas para lograr atención estatal es cada vez más dispendioso.

La personería, sólo en 2021, atendió 38 desplazamientos colectivos que sumaron 1115 personas. No es la única institución que lleva cuentas de los desplazados y por eso la cifra real es mucho mayor. Cuando hay retornos de las comunidades, no vuelven todos sus habitantes. Las zonas rurales se están quedando sin quien produzca alimentos, mientras en la ciudad hay miles sufriendo hambre. Al mismo tiempo, diferentes fuentes reconocieron que, tras la firma del acuerdo con las Farc, diferentes organizaciones humanitarias redujeron o reenfocaron su presencia en Buenaventura. Ello ha reducido la capacidad de atención a los desplazados que llegan al puerto tanto en grupos como a cuentagotas. La Unidad de Víctimas, aseguraron varias fuentes, no tiene personal suficiente –entre funcionarios y contratistas- para atender a quienes buscan ayuda.

Escuche el análisis de Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Fundación Pares en el Pacífico

La fuerza pública reporta cientos de capturados de diferentes bandas y arsenales incautados. La confrontación se libra con tal crudeza que no pareciera que se tratara de simples combos sino de estructuras delincuenciales de mayor envergadura. Su accionar tiene impacto en las cifras de extorsiones, microtráfico, restricciones a la movilidad, control del ingreso y venta de alimentos y desplazamiento intraurbano. Esos números no abarcan toda la realidad del problema porque miles de habitantes urbanos no denuncian tales delitos por miedo a represalias. Hay zonas donde están vigentes las muy difusas y cambiantes “fronteras invisibles”. Eso afecta a los habitantes de los barrios, pero, según Pares, también puede impactar a quienes estarán el domingo como jurados, testigos y veedores del proceso electoral. Pueden ser las elecciones más complejas de la historia en el litoral. Pares detectó alto riesgo en 11 de los 34 puestos de votación ubicados en el área urbana y es particularmente crítico en aquellos ubicados en la Comuna 12 y el barrio Oriente.

Las autoridades por su parte aseguran que ya el operativo para proteger las elecciones está (hoy viernes) adelantado en un 90%. "La tropa lleva una semana entrando a los territorios donde hay puestos de votación" le dijo a 6 AM el Coronel José Domingo Cantillo, Subcomandante de la Brigada de Infantería de Marina #2. El oficial asegura no haber recibido reportes de desplazamientos o confinamientos recientes que impidan votar. En la zona urbana, subraya, sigue la persecución con La Policía a bandas delincuenciales como La Local, Los Espartanos, La Empresa o Los Shotas que se disputan varias comunas de Buenaventura. En dos años de operativos han capturado a casi trescientas personas, pero su poder criminal permanece usando, en muchos casos, menores de edad. Por eso el Coronel Cantillo coincide con líderes sociales, religiosos y comunitarios en que la solución al problema de esta región no puede ser sólo con la fuerza pública.

Lea también: 

• Norte del Cauca: nuevas caras denuncian viejas costumbres
• Curules de paz bajo asedio de violentos y politiqueros: el caso del Cauca
• ¿Quién se llevó a los niños de Ana?