Supernotariado, en el sonajero para la gobernación de La Guajira
Fuentes le confirmaron a La W que esta dignidad le habría sido ofrecida a Jorge Enrique Vélez
Jorge Enrique Vélez. Foto: Colprensa(Thot)
Sigue la novela de la gobernación de La Guajira y los rumores sobre quién será nombrado como gobernador encargado e interventor del departamento, después de que quedara en firme la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de anular la elección de la gobernadora Oneida Pinto.
Dos fuentes distintas le aseguraron a La W que se le habría ofrecido esta dignidad al actual superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez y que este estaría muy interesado.
Vélez, quien es muy cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha tenido un largo paso por el sector privado e hizo política de la mano de Luis Alfredo Ramos en Antioquia, de quien se separó porque este le retiró su apoyo político en la aspiración a la alcaldía en el año 2003. Ha sido candidato al senado por Cambio Radical en los años 2006 y 2010 y senador entre los años 2008 y 2010, por la destitución del entonces senador Luis Carlos Torres.
Como superintendente de Notariado, Vélez ha sido uno de los abanderados de la ley Zidres y ha encabezado la lucha por purgar las notarías del país que han facilitado el despojo de tierras en Colombia.
En Medellín se desempeñó como secretario de Transportes y Tránsito y de Gobierno de Medellín y fue candidato a la Alcaldía de esta ciudad. Ha sido asesor de la ONU para la Superintendencia de Puertos y Transporte, Ferrovías y de Tránsito en las Alcaldías de Bogotá y de Pereira.
Fungió como miembro de las juntas directivas del Metro de Medellín, Empresas Varias de Medellín, Terminal de Transportes, Metroseguridad y Aeropuerto Olaya Herrera y representante de Colombia al Cempes ante la OEA .
En el año 2011 La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de Vélez por una declaración del “Tuso Sierra”. Sin embargo, esta investigación no ha avanzado. Vélez sostiene que esta declaración se dio por cuenta de una denuncia que hizo en el Congreso sobre el negocio de las “maquinitas” en cabeza la Oficina de Envigado.