Fiscalía logra que excabecilla de grupo disidente del Eln sea excluido de justicia y paz
Se habría atribuido un crimen que no cometió
Fiscalía logra que excabecilla de grupo disidente del Eln sea excluido de justicia y paz. Foto:(Thot)
Se trata de Rafael Antonio Simanca, un exjefe del desmovilizado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien aseguró haber ordenado el asesinato del comerciante libanés, Jamil Kasser Alí, porque la víctima se habría negado a pagar extorsiones durante varios años y luego de intentos fallidos por secuestrarlo.
La Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía recopiló una serie de testimonios y evidencias, y demostró que era falsa esa versión, y que el crimen fue confesado por un grupo paramilitar del sur de Bolívar.
El fiscal del caso encontró que el presunto responsable del asesinato sería William Ramírez Castaño, alias Román, en su condición de excabecilla del bloque héroes de los Montes de María de las extintas AUC, también desmovilizado. Ante Justicia y Paz, el postulado reveló que hombres a su cargo fueron responsables del homicidio.
Precisamente, por estos hechos está privado de la libertad y fue acusado en calidad de coautor del crimen, Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López. El proceso está en etapa preparatoria de juicio. Entre las pruebas del fiscal de derechos humanos que ha investigado el homicidio del comerciante siriolibanés, hay varias comunicaciones telefónicas en las que Rafael Antonio Simanca, alias Gilberto o el Viejo, hablaba desde la cárcel La Picota, en Bogotá, con Arsecio Pérez, exalcalde de Magangué (Bolívar).
Los controles técnicos permitieron conocer que, posterior al diálogo entre Simanca y el exalcalde, este último llamaba a la señora Enilce López y juntos coordinaban un asunto que estaría relacionado con sumas de dinero. El tema es motivo de indagación.
En ese sentido, alias Gilberto o el Viejo quedaría expuesto a la justicia ordinaria, continuaría recluido y perdería cualquier privilegio de Justicia y Paz. Tendría que cumplir tres condenas en su contra: una de 14 años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas en concurso con reclutamiento ilícito; otra de 20 años y 6 meses de cárcel por secuestro extorsivo; y la última de 29 años de prisión por secuestro agravado en concurso con reclutamiento ilícito. De igual manera, debería responder por los 3.052 crímenes atribuidos a su organización. Esta decisión fue apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.