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Denuncian serias irregularidades en contrato de la CNTV con la CGI

La W Radio puedo conocer que el comisionado Eduardo Osorio, de la Cntv, contrató un estudio con la firma CGI por un monto de 1.200 millones de pesos, pero se descubrió que éste es una copia de otro informe.

(Thot)

La W Radio puedo conocer que el

comisionado Eduardo Osorio

, de la Cntv, contrató un estudio con la firma CGI por un monto de 1.200 millones de pesos, pero se descubrió que éste es una copia de otro informe.

El Estudio de mercados relevantes inicialmente tenía un costo de 700 millones de pesos y luego a pareció el contrato firmado por 1.200 millones de pesos, pero, además, se ha descubierto que el estudio tiene una copia ya que en dicho informe se hacía alusión y evaluación a Cable Unión, pero éste operador ya no existe.

El

Comisionado y representante del presidente en la Comisión Nacional de Televisión, Jaime Andrés Estrada

, aseguró en la W Radio que el contrato sigue vigente.

“Dentro del estudio de mercados hay una tarea que es un deber legal, que la Comisión había dejado de lado, y es que cuando había dado las prórrogas de la concesión por cable no designó el valor de la concesión (…), se puso un plazo de dos años para definir ese valor, el plazo se vence el próximo 22 de febrero y una de las tareas de la CGI, junto con el equipo de la CNTV, es precisar el valor de esa prórroga que esta desde el 2009”, indicó Estrada.

Sin embargo, expresó que “en varios de los reportes seguimos haciendo alusión a Cable Unión, si bien ellos ya no existen, perdura su vida jurídica y más porque el cable operador le adeuda a la Comisión cerca de 15 mil millones de pesos”. Agregó que “siendo honesto no siento que sea la firma ideal con la que me gustaría desarrollar esta tarea, pero por eso mismo hemos sido exigentes”.

Finalmente, Estrada indicó que el Comisionado Osorio es un hombre que ha trabajo por mucho tiempo en el mundo de la televisión y “ha estado en el sector público y privado, si a él lo nombraron Comisionado era porque no tenía un conflicto de intereses con el sector privado”.