Economía

Cartagena de Indias

Contraloría abrió investigación a contrato de arriendo de cárcel de mujeres

El ente de control habla de presunto detrimento patrimonial porque el Distrito habría arrendado más metros cuadrados de lo requerido

El ente de control habla de presunto detrimento patrimonial porque el Distrito habría arrendado más metros cuadrados de lo requerido

El ente de control habla de presunto detrimento patrimonial porque el Distrito habría arrendado más metros cuadrados de lo requerido(Caracol Radio Cartagena)

Cartagena de Indias

La Contraloría Distrital de Cartagena abrió investigación por presunto detrimento patrimonial frente al contrato de arrendamiento del predio donde actualmente funciona la cárcel de mujeres de la ciudad, en la zona de conurbación con el municipio de Turbaco.

El ente de control argumentó que en la documentación precontractual se identificó que el objeto del contrato es el "arriendo de 5.000 m2 de lote". Sin embargo, la Uspec y el Inpec aseguraron que solamente se requería un área a ocupar de lote de 3.458 M2.

Así las cosas, la Contraloría sostuvo que se evidenció que no existe justificación alguna para que el Distrito comprometiera su presupuesto en una suma que afectara un área equivalente a 5.000 m2 de lote.

“Lo que exigían las autoridades penitenciarias era solo 3.458,6457 m2 aproximadamente, contratándose adicionalmente a esto 1.541,3543 m2, lo que configura un presunto detrimento patrimonial por $837.568.628, correspondiente a las vigencias 2019, 2020 y 2021”, manifestó el órgano de control en su investigación.

De igual forma, el ente de control expresó que “ee evidencia que el metro cuadrado contratado de 5.000 m2, no corresponde al metro cuadrado determinado en visita de inspección técnica realizada por esta coordinación, que fue de 1.354,32 metros cuadrados aproximadamente, existiendo una diferencia de 3.645 metros cuadrados respecto de lo contratado, generándose una variación en el valor del canon de arrendamiento, el cual asciende a la suma de $110.058.595. Sumado a las vigencias 2019, 2020 y 2021, se determina un presunto detrimento por $1.981.054.710”.

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