La afirmación fue hecha en Chinchiná - Caldas por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien señaló que las multas aplicadas a los conductores por prestar el servicio de Uber son competencia de las distintas alcaldías del país.

Recordó que a pesar de que en ciudades como Bogotá el monto de estas infracciones supere los 500 millones de pesos, su ejecución y cobro a través de los diferentes mecanismos debe hacerla cada administración municipal y no el Gobierno Nacional, ya que su función es la de emitir una política para regular el sector.

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