Gobierno prepara decreto para regular procedimientos ante muertes en operaciones de fuerza pública

Caracol Radio conoció en primicia el borrador de decreto que tiene listo el Gobierno, para regular las actuaciones de las entidades cuando se presenten fallecimientos en operaciones de la fuerza pública, que haya sido legalmente ordenada o que tenga un nexo causal directo y verificable con ella.

El documento busca una coordinación entre los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes, y establece que deberán mantener una comunicación y coordinación institucional.

El borrador del decreto establece que cuando un integrante de la Fuerza Pública tenga conocimiento de un fallecimiento relacionado con una operación legalmente ordenada, deberá informar de inmediato a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial competente, y proporcionarle la información necesaria para facilitar la atención del caso y las actuaciones correspondientes.

El documento del borrador del decreto establece un periodo inicial de seis meses, con evaluación a los tres meses y un informe final.

Algunos interrogantes

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno busca evitar que las Fuerzas Militares intervengan indebidamente en la investigación judicial, el documento deja algunos interrogantes sobre las prohibiciones y responsabilidades de preservación de los cadáveres, pues no puntualiza el cómo debe actuar la unidad militar frente al cuerpo mientras llega la autoridad competente a la zona donde se encuentra. Tampoco establece tiempos concretos para la llegada de las autoridades judiciales y forenses, ni delimita suficientemente la responsabilidad sobre el cadáver. Además, no puntualiza quién determina que existe el nexo causal sobre si un fallecimiento está relacionado o no con una operación.

Así las cosas, deja algunas preguntas sobre quién tendrá la cadena de custodia del cadáver, quien responderá por la protección del cuerpo, quien garantizará que no sea alterado y quien responderá ante una eventual pérdida de integridad o contaminación de la escena.

Sumado a esto, el borrador de decreto aún tiene vacíos sobre la delimitación de las responsabilidades de cada institución, y no desarrolla qué puede suceder cuando una autoridad incumpla con sus obligaciones.