Exconcejal López habría advertido presuntas irregularidades por más de $723.000 millones en Afinia.
En 2021, López exigió transparencia en la dirección del conglomerado y solicitó la renuncia del entonces gerente Alejandro Calderón Chatet.
El exconcejal Sebastián López, habría advertido sobre el manejo de EPM durante la administración de Daniel Quintero debía investigarse a fondo.
Hoy, una auditoría forense a Afinia, la filial de EPM que presta el servicio de energía en cuatro departamentos, documenta presuntos favorecimientos a terceros, omisión de conflictos de interés y deficiencias financieras en contratos por 723.000 millones de pesos, suscritos entre 2020 y 2023.
En abril de 2021, desde el Concejo de Medellín, firmó la carta que pidió la renuncia del recién nombrado gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet. En ella cuestionó su idoneidad y le exigió a Quintero un proceso de selección abierto y transparente.
En septiembre de 2023 encaró al entonces alcalde con un reclamo que se volvió noticia nacional: “A EPM se la robaron”. Quintero respondió con insultos y luego lo acusó sin pruebas; un juez le ordenó rectificar.
La auditoría, de 143 páginas, fue realizada por la firma inglesa Control Risks, y sus soportes están en poder de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
El informe vincula varios hallazgos con decisiones del exgerente de Afinia Javier Lastra (2021-2023) y de al menos 16 asesores. Según el documento, en procesos de 2022 hubo oferentes descalificados que terminaron bien calificados y criterios que se cambiaron con un día hábil de diferencia. Además, siete empresas con riesgos conocidos por los directivos recibieron contratos por 460.000 y 127.000 millones. También se habrían hecho pagos por obras no terminadas.
A esto se suma un hallazgo de la Contraloría Distrital de Medellín con presunta incidencia fiscal por 739.562 millones en la compra de Afinia, por dividendos que EPM dejó de recibir. De confirmarse, comprometería a Quintero y a otros ocho miembros de la Junta Directiva de EPM.
La Fiscalía, además, examina testimonios sobre una supuesta transacción de 8 millones de dólares para entregar la gerencia de Afinia, señalamiento que Quintero y Lastra niegan.
“Durante años nos dijeron que nuestras denuncias eran persecución política. Hoy las cifras hablan: Afinia y EPM son de la gente de Medellín y exigimos que cada peso se explique ante la justicia”, afirmó López.
Esta semana, tras la decisión de enviar a la cárcel a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, por el caso del Área Metropolitana, López insistió en que lo denunciado durante cuatro años no fue un invento ni un ataque político.
Lastra y su defensa sostienen que la contratación se hizo bajo las reglas corporativas de EPM, que desconocen el informe y que la Contraloría encontró deficiencias en él.