Denuncian riesgos psicosociales y falta de protección para funcionarias de las comisarías de familia

Una alerta por las condiciones laborales y las afectaciones a la salud mental de las funcionarias de las comisarías de familia de Tunja fue expuesta ante el Concejo Municipal. Juliet Rodríguez, secretaria general de la Subdirectiva Boyacá del Sindicato Colombiano Estatal, denunció que las trabajadoras deben garantizar la atención permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, sin que, según advirtió, existan condiciones suficientes para proteger su integridad. «...La institución y la Alcaldía deben garantizarlo, pero no a costa de la salud y la seguridad de mis compañeros...», manifestó.

Rodríguez también expuso su experiencia personal durante el tiempo que trabajó en la Comisaría Segunda, donde, según relató, enfrentó afectaciones de salud que relacionó con el estrés laboral. La dirigente sindical aseguró que fue diagnosticada con trastorno mixto depresivo-ansioso y epilepsia reactiva al estrés. Además, advirtió que su caso no sería aislado, pues varias funcionarias presentarían niveles elevados de riesgo psicosocial y algunas requieren tratamiento médico.

Durante su intervención, la representante sindical mencionó otros casos que, según afirmó, se han presentado entre trabajadores de la Alcaldía de Tunja, incluidos intentos de suicidio y situaciones de afectación emocional que habrían tenido consecuencias graves para algunas funcionarias. Para evidenciar la dimensión de la problemática, preguntó a las trabajadoras presentes cuántas tenían diagnósticos relacionados con su salud mental y estaban bajo medicación, invitándolas a levantar la mano.

A las afectaciones psicológicas se sumarían las condiciones en las que deben cumplir sus labores, especialmente durante las noches y las madrugadas. Rodríguez señaló que las funcionarias reciben llamadas para atender rescates de menores y otras situaciones urgentes, incluso después de terminar sus jornadas, sin que siempre cuenten con transporte institucional para desplazarse. Según explicó, algunas deben buscar alternativas particulares para llegar a los lugares donde se requiere su intervención, lo que también las expone a riesgos de seguridad.

Ante este panorama, Juliet Rodríguez solicitó una intervención institucional para evaluar las condiciones laborales y los riesgos psicosociales que enfrentan las trabajadoras. También pidió garantías para quienes denuncian estas situaciones ante las autoridades, al advertir sobre posibles reubicaciones, traslados e investigaciones contra funcionarias que manifiestan no poder continuar bajo esas condiciones. «...Las compañeras que tienen la valentía de pararse acá no sean investigadas y sancionadas por ser valientes...», reclamó ante el Concejo, al pedir medidas de protección para quienes tienen a su cargo la atención de víctimas y la garantía de derechos en el municipio.