“La premura no justifica omitir la ley”: MinSalud denuncia fallas en recursos por $885.000 millones
La ministra Ana María Vesga pidió la intervención de la Contraloría y la Procuraduría tras advertir que, al finalizar el Gobierno Petro, se asignaron $885.000 millones para infraestructura y equipos básicos de salud. Según denunció, $403.000 millones no tenían registro presupuestal al ser aprobados.
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La asignación de cientos de miles de millones de pesos para infraestructura y equipos básicos de salud quedó bajo la lupa del Ministerio de Salud. La ministra, Ana María Vesga, pidió la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para revisar decisiones presupuestales que, según denunció, presentan inconsistencias y requieren explicaciones.
El principal señalamiento tiene una fecha concreta: entre el primero y el seis de agosto de 2026, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, se asignaron $885.000 millones. De ese monto, $403.000 millones carecían de registro presupuestal al momento de su aprobación, de acuerdo con la información presentada por la ministra.
“Lo que encontramos en el Ministerio exige una revisión urgente y respuestas urgentes”, afirmó Vesga al anunciar la solicitud de intervención de los organismos de control.
Recursos aprobados sin todos los soportes
La revisión interna también identificó cuestionamientos sobre la documentación que debía respaldar las asignaciones. Según la ministra, $57.000 millones no contaban con una propuesta técnica y, en otros casos, propuestas por $45.000 millones fueron radicadas después de que los recursos ya habían sido aprobados.
A esto se suman obras de infraestructura que, según la denuncia, habrían recibido aprobación sin estudios ni diseños previos, así como proyectos cuyos montos autorizados superaban los valores solicitados inicialmente.
La funcionaria también aseguró que recibieron denuncias de empleados sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los trámites.
Estos señalamientos deberán ser revisados por las autoridades competentes para establecer cómo se aprobaron las asignaciones, qué documentos las respaldaban y si hubo actuaciones que comprometieran recursos públicos sin cumplir los requisitos correspondientes.
$4,8 billones comprometidos sin obligar
Otro de los puntos que puso sobre la mesa la ministra es el estado de los recursos comprometidos en el Ministerio. Según indicó, a agosto de 2026 había $4,8 billones comprometidos sin obligar, además de proyectos en los que ya se habían realizado desembolsos, pero que no habrían cumplido las metas previstas.
En términos sencillos, un recurso comprometido es aquel que ya tiene una destinación respaldada por una decisión administrativa o contractual. Que esté comprometido no significa necesariamente que el dinero ya se haya pagado ni que el proyecto se haya ejecutado por completo. La obligación presupuestal corresponde a una etapa posterior, cuando se reconoce formalmente una cuenta por pagar tras el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Por eso, la cifra requiere una explicación detallada: cuánto dinero avanzó realmente en su ejecución, qué proyectos recibieron desembolsos y cuáles cumplieron los resultados para los que fueron financiados. La existencia de recursos comprometidos sin obligar no demuestra, por sí sola, que el dinero se haya perdido o utilizado indebidamente.
¿Qué está en juego para la atención en salud?
Los equipos básicos de salud hacen parte de la estrategia de atención primaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro para acercar los servicios sanitarios a comunidades y territorios con dificultades de acceso. La infraestructura, por su parte, busca fortalecer la capacidad de atención de los servicios de salud.
Por eso, las dudas sobre la asignación y ejecución de estos recursos no se limitan a un asunto contable: también es necesario establecer si el dinero se destinó adecuadamente, si las obras avanzaron y si los proyectos financiados cumplieron los objetivos previstos para la población.
La ministra aseguró que todos los expedientes serán puestos a disposición de los organismos de control para que revisen la documentación y determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias.
“La premura no justifica omitir la ley”, advirtió Vesga.
La funcionaria cerró con un mensaje sobre la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos: “Cada peso asignado debe explicarse porque el dinero de la salud le pertenece a los colombianos”.
Por ahora, los señalamientos corresponden a hallazgos y denuncias presentados por el Ministerio. La Contraloría y la Procuraduría deberán examinar la documentación y establecer si hubo irregularidades y quiénes serían responsables, si hay lugar a ello.
Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual...Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en producción multiplataforma y contenidos para medios nacionales. Apasionada por las narrativas sonoras, digitales y documentales que cuentan historias sobre cultura, memoria y sociedad.