Gobierno radicó proyecto de sometimiento a la justicia: contempla rebajas de penas de hasta el 50 %

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una iniciativa que busca establecer un marco legal para que los integrantes de organizaciones armadas ilegales abandonen las armas y transiten a la legalidad, sin que esto implique un reconocimiento político de estos grupos.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que uno de los requisitos de la propuesta es que los interlocutores de las estructuras ilegales sean abogados, pues, según indicó, el proceso tendrá un carácter estrictamente jurídico.

“No es una negociación política. Por esa razón, el interlocutor con el Gobierno de los grupos armados o terroristas tiene que ser abogado”, afirmó el ministro.

Cancino agregó que la participación de estas organizaciones estará limitada a las condiciones establecidas en el proyecto y a los ajustes que determine el Congreso durante su trámite legislativo.

“Esta negociación es jurídica dentro de las herramientas que hay”, señaló, al insistir en que los grupos ilegales no tendrán participación en el debate legislativo.

Rebajas de penas de hasta el 50 %

Entre los principales componentes de la iniciativa se encuentran las reducciones de penas de hasta el 50 % para quienes cumplan las condiciones previstas y realicen aportes verificables. Para los integrantes que hayan ejercido funciones de liderazgo, se plantea una rebaja del 30 %, sujeta al cumplimiento de los requisitos legales.

El articulado también propone beneficios para colaboradores de estructuras armadas involucrados en delitos económicos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. El artículo 66B establece: “Transcurrido un año de la ejecución de la pena, suspensión condicional de su ejecución a los colaboradores de los actores armados ilegales que hayan participado de los delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito siempre y cuando entreguen los bienes producto de las acciones ilícitas y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa”.

El proyecto también contempla obligaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, la entrega de menores reclutados, la colaboración con las autoridades judiciales y la contribución a la reparación de las víctimas.

Otro de los puntos centrales es el manejo de los bienes de las organizaciones criminales. La propuesta establece que sus integrantes deberán aportar información sobre activos ilícitos y contribuir a la reparación, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.

Además, plantea una intervención integral en los territorios afectados por la violencia, mediante la coordinación entre la Fuerza Pública, la justicia y las entidades encargadas de impulsar programas sociales y alternativas económicas legales.

El proyecto propone actualizar la Ley 418 de 1997 y establecer una política de Estado con reglas de largo plazo para el sometimiento voluntario de estructuras armadas ilegales. Ahora deberá surtir su trámite en el Congreso, donde se debatirán sus alcances, las condiciones de acceso a los beneficios y las garantías para las víctimas.

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