Ante la ONU, Alejandro Toro cuestiona Estatuto Antiterrorista y pide proteger derechos humanos
El representante advirtió sobre posibles señalamientos arbitrarios, restricciones económicas y afectaciones a la protesta, el periodismo y la oposición.
Alejandro Toro. Foto: suministradas.
El representante a la Cámara Alejandro Toro expresó reparos frente al borrador del Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y que será presentado al Congreso. La iniciativa busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a organizaciones y actores considerados terroristas.
Toro señaló que el proyecto debe incorporar garantías suficientes para evitar que las nuevas facultades puedan derivar en decisiones arbitrarias contra ciudadanos.
“Combatir el terrorismo es una obligación del Estado. Garantizar que ese poder no se utilice contra ciudadanos inocentes también lo es. La seguridad no puede convertirse en una excusa para desconocer derechos”, afirmó el congresista.
Entre las principales preocupaciones planteadas por Toro está la posibilidad de incluir personas en registros públicos sin que exista una condena judicial, situación que, según advirtió, podría generar errores o abusos si no existen mecanismos efectivos de revisión.
También cuestionó las posibles consecuencias económicas de medidas como el congelamiento de cuentas o las restricciones para acceder a contratos y ayudas públicas.
“Las definiciones ambiguas pueden facilitar interpretaciones abusivas. La protesta pacífica, el periodismo, la investigación y la oposición política deben quedar expresamente protegidos”, sostuvo.
El representante también pidió que los ciudadanos cuenten con mecanismos judiciales oportunos para controvertir una decisión antes de que esta produzca daños irreparables.
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En ese sentido, manifestó su preocupación por que la inclusión de una persona en un listado relacionado con terrorismo pueda derivar automáticamente en acciones de fuerza contra civiles.
“Una política antiterrorista debe proteger a la ciudadanía. Exigimos garantías para que nadie pierda su reputación, su sustento o su seguridad por un señalamiento arbitrario del poder”, concluyó Toro.
La discusión del proyecto continuará en el trámite legislativo, mientras el Gobierno defiende la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas y operativas para combatir a los grupos armados y criminales.
