Procuraduría indaga retrasos de más de tres años en el Mercado de Sazón de Puerto Colombia

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto del Mercado de la Sazón y las Artesanías de Puerto Colombia, Atlántico, cuya entrega registra retrasos de más de tres años.

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La actuación busca establecer las razones de los aplazamientos y determinar si las posibles irregularidades relacionadas con la ejecución del proyecto tienen relevancia disciplinaria.

Como parte de la indagación, funcionarios de la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico realizaron una inspección técnica para verificar el estado de las obras. Durante la diligencia, el organismo de control encontró que la estructura física del proyecto se encuentra terminada en un 100 %.

Sin embargo, uno de los principales aspectos que analiza la Procuraduría está relacionado con las múltiples prórrogas que tuvo el proyecto y su impacto en el costo final de la obra.

De acuerdo con el ente de control, los aplazamientos hicieron que el valor del proyecto aumentara en más de $5.000 millones, al pasar de $15.974 millones a $21.322 millones.

La Procuraduría informó que también busca establecer cuáles fueron las razones que llevaron a las sucesivas ampliaciones del plazo de ejecución y si estas estuvieron debidamente justificadas.

El proyecto ya fue recibido

Durante la inspección, la Procuraduría conoció que el proyecto fue recibido a satisfacción por la Gobernación del Atlántico y posteriormente entregado al Centro de Eventos Puerta de Oro, entidad encargada de su operación.

Pese a que la obra física está terminada, el organismo de control señaló que continuará haciendo seguimiento a las condiciones necesarias para que el mercado pueda entrar efectivamente en funcionamiento.

“La Procuraduría advirtió que continuará haciendo seguimiento al proceso de habilitación y puesta en funcionamiento del mercado de Sazón y las Artesanías”, señala el comunicado.

El ente de control también anunció una revisión de la documentación relacionada con el proyecto, incluyendo los aspectos técnicos, contractuales y administrativos.

La Procuraduría precisó que esta vigilancia tiene como propósito determinar si las actuaciones que dieron origen a la indagación previa “tienen relevancia disciplinaria”.

Por ahora, la apertura de la indagación no implica una conclusión sobre la existencia de faltas disciplinarias. El proceso continuará con la revisión de la documentación y de las circunstancias que rodearon la ejecución, las prórrogas y el incremento en el valor del proyecto.