El Estado debe recuperar el territorio y proteger a la población para detener las nuevas violencias

La sexta edición del Festival de las Ideas ya está en marcha. Durante la instalación del evento, el presidente de la Junta Directiva de Caracol Radio, Gustavo Serpa, señaló que Colombia atraviesa un momento en el que conversar dejó de ser una actividad secundaria para convertirse en una necesidad nacional. “Una nación no se construye solamente con carreteras. También se construye con confianza, con la capacidad de escucharnos, de discernir, con la voluntad de reconocer al otro”, afirmó. Siendo este el objetivo macro de la cita: construir en medio de las diferencias.

Ese llamado a la unidad se trasladó directamente al debate sobre seguridad. Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media y del Festival de las Ideas, sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, entre ellos el crecimiento de la violencia, las tensiones sobre la democracia y las dificultades para garantizar la presencia institucional; todo esto en el marco de la reconstrucción que necesita el país por el terremoto.

“Por un lado, la recuperación física de una Colombia que quedó resquebrajada, y por otro lado está la reconstrucción ética, la de la convivencia pacífica, el pluralismo, la del valor de la diversidad, de los valores democráticos y de tener un sueño común como nación”, dijo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reforzó esa idea al advertir que Colombia debe construir desde las diferencias y no profundizar las divisiones. “La patria no se reconstruye imponiendo desde el centro sino concertando con las regiones”.

Un Estado que no llegó a los territorios

La recuperación del control territorial, la protección efectiva de las comunidades y una presencia integral del Estado fueron identificadas como las principales condiciones para enfrentar la expansión de los grupos armados y los mercados ilegales que mantienen bajo presión a Colombia.

Esta discusión se produjo durante el panel “Cómo enfrentar las violencias y los mercados ilegales que flagelan a Colombia”, moderado por Orlando Villar, director del Servicio Informativo de Caracol Radio.

Durante el espacio, Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, sostuvo que uno de los principales problemas posteriores a la firma del acuerdo de paz de 2016 fue la ausencia de una llegada efectiva del Estado a las zonas que dejaron las antiguas FARC.

“Se esperaba que después de salir de los territorios antes controlados por las FARC el Estado iba a llenar estos espacios, pero no ha pasado hasta ahora”, señaló Jenča. Según explicó, ese vacío fue aprovechado por otros grupos armados, que ocuparon los territorios y transformaron sus formas de operación.

En este sentido, el funcionario de Naciones Unidas indicó que las estructuras ilegales ya no funcionan únicamente bajo el modelo tradicional de grandes organizaciones jerarquizadas, sino que operan a través del control territorial, las economías ilícitas, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y el reclutamiento de menores. “Ahora se trata de control de los territorios, se trata de las economías ilícitas, se trata de extorsión, de narcotráfico, contrabando, reclutamiento de menores”, explicó.

La expansión de los grupos armados

Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, presentó cifras sobre la expansión territorial de los grupos armados. Bonilla afirmó que en 2019 se registraban alrededor de 218 municipios con presencia de al menos una estructura armada; para 2022, la cifra había superado los 400, y actualmente llegaría a 527.

“En la mitad de municipios de Colombia, uno de cada dos municipios tiene al menos un grupo armado”, aseguró. Al respecto, la subdirectora cuestionó que las respuestas estatales continúen fragmentadas y sin una estrategia territorial coordinada.

Para ella, el problema no se resuelve simplemente con “mandar proyectos estatales” o con acciones aisladas de distintas entidades. “Estamos pixelados”, afirmó, al describir una institucionalidad que actúa por separado y supone que la suma de intervenciones dispersas equivale a una presencia efectiva del Gobierno.

Proteger a la población, más allá de las operaciones

Una de las primeras acciones que sugirió Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de International Crisis Group, con relación a la recuperación de la soberanía del Estado en las regiones, fue la consolidación de la seguridad física y de la infraestructura. En ese sentido, aclaró que, aunque las estructuras armadas si tienen relación con los dueños de las economías ilícitas, no necesariamente son ellos quienes las administran. Por eso, diferenció entre enfrentar esos mercados y reducir la violencia que sufren las comunidades.

“Por un lado están los mercados ilícitos y por el otro está la violencia. Son complementarios, pero pueden no tener el mismo objetivo”, afirmó. Asimismo, Dickinson aseveró que, aunque existen herramientas para combatir las economías ilegales: como la incautación y la erradicación, las capacidades que tiene la institucionalidad para reducir las agresiones contra la población son mucho más limitadas.

“Cuando estoy yo caminando en las comunas de Buenaventura o en los altos de Toribío, a mí no me hablan de problemática de las economías ilícitas, me hablan de la problemática de que llegan los armados a la casa a coger la niña que tiene nueve años, me hablan de la extorsión que no les permite vivir”, relató.

Para la experta, el control territorial debe tener dos componentes: reducir la presencia de los grupos armados y construir una institucionalidad capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos. “Las operaciones militares tienen un rol, pero es apenas el primer paso”. La gran pregunta central, argumentó, es: ¿qué pasa después de que con las operaciones militares se restaura el orden público?

El “día después” de los operativos

Desde la experiencia de México, Javier Lafuente, subdirector de El País, advirtió que América Latina ha tenido dificultades para sostener políticas de seguridad de largo plazo y evitar que cada nuevo gobierno las cambie. “No hay una estrategia de seguridad, no sólo en Colombia, sino en la región, que sea continuista, que debería ser así”, afirmó.

Lafuente señaló que el debate no puede reducirse a escoger entre operaciones militares o ausencia de fuerza pública. La discusión, dijo, debe incluir la capacidad de investigar, judicializar y garantizar que las capturas produzcan resultados efectivos. “Si tú detienes y no tienes cómo judicializar algo, va a ser imposible lograr mitigar siquiera esos problemas”.

La paz como hoja de ruta

Al cierre del panel, Jenča sostuvo que el acuerdo de paz de 2016 sigue siendo una herramienta útil para enfrentar la crisis de seguridad, pese a las diferencias políticas que genera en Colombia. “Yo veo el acuerdo de paz como una hoja de ruta. Y una hoja de ruta integrada para enfrentar estos problemas aquí en Colombia”, afirmó. También destacó que más de 11.000 de los 13.000 firmantes del acuerdo continúan vinculados al proceso de reincorporación, una cifra que calificó como un resultado significativo que debe ser protegido.

Bonilla se adhirió a esta postura al confirmar que, a pesar de que la administración de Abelardo de la Espriella no esté en disposición de establecer acuerdos con organizaciones criminales, si comparte su intensión de sacar de las veredas a los alzados en armas.

La conclusión transversal de este espacio del Festival fue que la respuesta a las violencias no puede limitarse a medir capturas, bajas, hectáreas erradicadas o número de operaciones. El desafío consiste en impedir que los vacíos institucionales vuelvan a ser ocupados por organizaciones criminales y en garantizar que las comunidades tengan seguridad, justicia y oportunidades.