SIC encuentra cartelización en contratos de Metroparques durante la era Quintero

Medellín, Antioquia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró un presunto esquema de cartelización y direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero, relacionado con la contratación del Parque Metropolitano de las Aguas. De acuerdo con un informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, el esquema habría limitado la libre competencia económica y generado un detrimento cercano a $1.368 millones.

El informe, fechado el 2 de septiembre de 2026, señala que las entidades y personas investigadas habrían estructurado y ejecutado un mecanismo para restringir la competencia en la contratación de bienes y servicios destinados al Parque de las Aguas.

El caso se remonta a los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021, suscritos entre el AMVA y Metroparques. Según la investigación, estos contratos permitieron trasladar a Metroparques actividades que anteriormente eran ejecutadas directamente por el Área Metropolitana.

Metroparques habría actuado como intermediario

El informe de la SIC señala que Metroparques no habría ejecutado directamente las actividades contratadas, sino que habría delegado los trabajos en terceros. A pesar de ello, cobró una comisión del 8 % por la administración de los recursos, que terminó representando cerca de $1.368 millones.

Para la Delegatura, esta tercerización no habría generado un valor agregado en la ejecución de los contratos, sino un costo adicional para los recursos públicos.

La SIC identificó dos conductas principales dentro del esquema investigado: por un lado, el presunto abuso de los contratos interadministrativos para evitar procesos de selección competitivos y, por otro, el supuesto direccionamiento de al menos ocho invitaciones privadas hacia determinados contratistas.

Entre las empresas mencionadas en la investigación aparecen Comercializadora JPino, 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S. La SIC señaló que algunas de estas compañías no contarían con la capacidad técnica, operativa o financiera necesaria para ejecutar los trabajos.

Un contrato terminó con un sobrecosto

Uno de los casos analizados corresponde a la invitación privada 20211300932-46362, relacionada con trabajos de cerramiento perimetral.

Según el informe, Constru Americana recibió la adjudicación por $180 millones, pero posteriormente subcontrató la actividad principal con otra empresa por $135 millones.

Para la SIC, la diferencia constituyó un sobrecosto que se sumó a la comisión cobrada por Metroparques por administrar los recursos.

La entidad también cuestionó que Metroparques hubiera recibido los contratos del AMVA pese a que, según sus conclusiones, no contaba con la capacidad para ejecutar directamente las actividades y terminó subcontratando la totalidad de los requerimientos.

Funcionarios quedaron señalados en la investigación

Entre las personas mencionadas por la SIC están Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñaba como subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA y ordenador del gasto, y quien suscribió los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021.

También aparece María Eugenia Domínguez Castañeda, gerente general de Metroparques para la época, quien firmó el contrato interadministrativo 961 de 2021.

La investigación incluye además a Viviana del Valle Velásquez, entonces jefe de Compras de Metroparques, a quien la SIC atribuyó un papel central en el direccionamiento de las ocho invitaciones privadas.

Según el informe, Velásquez habría seleccionado proveedores determinados, utilizado criterios de evaluación que permitían adjudicar los procesos a esas empresas y validado su participación pese a cuestionamientos sobre su idoneidad.

También fue mencionado Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, entonces secretario general de Metroparques, por su participación en dos invitaciones privadas en las que habría dado visto bueno a certificados de experiencia que, según la SIC, correspondían a objetos diferentes a los contratados.

SIC recomienda sanciones y traslado a la Fiscalía

La SIC abrió formalmente la investigación el 9 de marzo de 2026 y posteriormente adelantó la práctica de pruebas. En agosto se realizó la audiencia de alegatos finales, tras la cual la Delegatura presentó sus conclusiones.

A partir de los hallazgos, la entidad recomendó imponer sanciones a los involucrados que, según la investigación, colaboraron, facilitaron, ejecutaron o permitieron las conductas analizadas.

La recomendación contempla sanciones cercanas a los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del traslado de las conclusiones a los organismos disciplinarios y a la Fiscalía General de la Nación.

El hallazgo de la SIC se suma a las investigaciones que distintas autoridades adelantan por presuntas irregularidades en la contratación durante la administración de Daniel Quintero. Sin embargo, las conclusiones de la investigación administrativa no implican por sí mismas una responsabilidad penal y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades individuales que correspondan.