Estudio identifica un subregistro de casos de extorsión en zonas cafeteras de Nariño

Pasto-Nariño

Nariño se encuentra entre los departamentos donde convergen algunos de los factores que más elevan el riesgo de extorsión en Colombia. Una investigación del Politécnico Grancolombiano advierte que la combinación entre actividad cafetera, territorios afectados por el conflicto armado y baja denuncia del delito ha configurado un escenario de alta vulnerabilidad para las comunidades rurales del departamento.

El estudio denominado: “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, fue realizado por un grupo de docentes de dicha institución, en este se referencia que el departamento de Nariño registra producción cafetera en cerca del 75% de sus municipios, mientras que el 39% cuenta con condición PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), combinación que resulta especialmente significativa porque los municipios cafeteros ubicados en zonas con legado de conflicto presentan las mayores tasas de extorsión.

En diálogo con Caracol Radio, Jaime Wilches uno de los investigadores explicó que en este contexto, el departamento registra una tasa oficial de 15,44 casos por cada 100.000 habitantes, pero la tasa real estimada podría alcanzar los 102,91 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia una posible dimensión mucho mayor de la reflejada en las denuncias formales. Esta diferencia expone que las denuncias formales corresponderían a una parte del fenómeno, más no al panorama completo debido al temor de denunciar.

¿Por qué la extorsión impacta a Nariño?

Según el experto, la ubicación del departamento explica lo vulnerable que es. Nariño cuenta con corredores que conectan zonas de producción agrícola con rutas hacia la costa Pacífica, una región donde históricamente han convergido dinámicas de conflicto armado, narcotráfico y economías ilícitas, facilitando la movilidad de actores criminales y fortaleciendo sus capacidades de control sobre amplias áreas rurales.

En ese contexto, los grupos armados no solo buscan obtener rentas de las actividades ilegales, sino también de economías legales como la caficultura. La presencia simultánea de producción agrícola, infraestructura de transporte rural y corredores estratégicos puede facilitar la imposición de cobros extorsivos sobre productores, comerciantes y transportadores. De esta manera, la extorsión se convierte en un mecanismo para capturar parte de los ingresos generados por la economía formal, especialmente en municipios donde la presencia institucional enfrenta mayores desafíos.

La extorsión también afecta particularmente a los pequeños y medianos productores. La investigación plantea que la fragmentación de la producción cafetera y la dependencia de las vías terciarias pueden facilitar el cobro de pagos coercitivos durante el traslado de las cosechas hacia los centros de acopio. En este contexto, los productores y líderes de organizaciones cafeteras pueden convertirse en objetivos de presión económica y amenazas.

Adicionalmente, la investigación registra un promedio cercano a 930 hectáreas de coca por municipio vulnerable en Nariño, una situación que incrementa las capacidades de control territorial de los grupos armados. Según los hallazgos, la coexistencia de economías legales como el café y economías ilícitas favorece la consolidación de redes criminales que pueden extender las prácticas extorsivas hacia productores, comerciantes y transportadores rurales.

Además, en Nariño, la limitada bancarización en comparación con otros territorios puede aumentar la vulnerabilidad de las economías rurales. El análisis plantea que en las zonas cafeteras del departamento existe un escenario mixto: mientras los pagos de exportadoras y cooperativas están centralizados, buena parte de los jornales y transacciones de la cadena productiva se realizan en efectivo, lo que puede generar cobros presenciales y extorsiones, especialmente durante las épocas de cosecha.

¿Cómo proteger al sector?

“Enfrentar la extorsión en Nariño requiere una estrategia que vaya más allá de aumentar las denuncias o realizar operativos aislados. La protección de los productores debe estar acompañada de mayor presencia institucional, fortalecimiento de la seguridad rural, mejores condiciones para la comercialización y mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad económica de las comunidades”: agregó Wilches

El desafío es especialmente relevante para un departamento donde el café representa una actividad económica de gran importancia y donde existen territorios que todavía enfrentan las consecuencias del conflicto armado. De ahí que la propuesta de los investigadores es proteger las economías rurales frente a la extorsión no es solamente una cuestión de seguridad: también es una condición para fortalecer el desarrollo económico, social y legal de las regiones históricamente afectadas por la violencia en nuestro país.