Consejo de Estado admite demanda contra APPA que congela más de 8.300 hectáreas en Antioquia

Medellín, Antioquia

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 011 de 2026 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cual fueron declaradas 8.367,64 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, en Antioquia.

La decisión del alto tribunal abre un proceso para determinar si la declaratoria cumplió con las normas constitucionales y legales. Del área total protegida, 2.467,09 hectáreas corresponden a Tarso y 5.900,55 hectáreas a Salgar. El Consejo de Estado vinculó además al departamento de Antioquia y a las dos administraciones municipales, debido al interés directo que tienen en el resultado del proceso.

La discusión por la autonomía territorial

Las APPA son áreas rurales delimitadas por el Gobierno Nacional con el propósito de proteger terrenos destinados a la producción de alimentos. Sin embargo, su delimitación puede tener efectos sobre la manera en que los municipios planifican y utilizan su territorio, razón por la cual la Fundación cuestiona el alcance de estas decisiones frente a las competencias de las entidades territoriales.

La demanda sostiene que la declaratoria en Tarso y Salgar se habría realizado sin cumplir adecuadamente los procedimientos de participación y coordinación con las autoridades territoriales, además de cuestionar la ausencia de un estudio de impacto económico y fiscal. La Fundación también considera que la resolución desconoce competencias que la Constitución reconoce a municipios y departamentos.

Otro de los argumentos planteados ante el Consejo de Estado está relacionado con posibles afectaciones a la propiedad privada, la libertad económica y la iniciativa privada. Para la organización demandante, la forma en que se vienen declarando las APPA podría representar una concentración de decisiones en el Gobierno Nacional que desplaza competencias territoriales.

El proceso estudiará la resolución que creó el APPA

El Consejo de Estado precisó que el proceso continuará respecto de la Resolución 011 de 2026, que es el acto administrativo mediante el cual se creó formalmente el APPA en Tarso y Salgar. El documento técnico utilizado como soporte de la declaratoria no será objeto de una revisión independiente dentro de este proceso.

La admisión de la demanda no significa que el Consejo de Estado haya determinado que la resolución sea ilegal. Lo que implica es que el alto tribunal dará trámite a la acción y deberá estudiar los argumentos planteados para posteriormente adoptar una decisión de fondo.

Una disputa que se extiende a otras regiones

El caso de Tarso y Salgar hace parte de una estrategia judicial más amplia de la Fundación para el Estado de Derecho, que ha presentado demandas contra 12 resoluciones mediante las cuales se han declarado APPA en diferentes regiones del país.

Las acciones incluyen territorios de La Guajira, Cundinamarca, Antioquia y Tolima, entre ellos Sopó, Nemocón, Concordia, Fredonia, Venecia, Jericó, Caramanta, La Pintada, Montebello, Santa Bárbara y Valparaíso, además de municipios del Tolima como Fresno, Herveo, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa y Falan.

El propósito de estas acciones judiciales es que la justicia establezca hasta dónde puede llegar el Gobierno Nacional en la creación de estas áreas de protección y determine cuáles son los límites frente a la autonomía territorial, la participación de las comunidades y los derechos de los propietarios y productores rurales.