Ocaña, Norte de Santander, será sede de la nueva ofensiva contra el ELN
Ministerio de Defensa activa nuevos centros de inteligencia y judicialización.
Consejo de seguridad en Ocaña por situación de orden público. Foto: Ministerio de Defensa.
Norte de Santander.
El Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y el Catatumbo, tras el ataque del ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, que dejó tres militares muertos y cinco heridos.
Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo de seguridad realizado este sábado en Ocaña, con participación del gobernador de Norte de Santander y de los principales mandos militares y policiales de la región.
Una de las principales medidas es la reestructuración y reorganización de la campaña militar y policial Esparta, que tendrá su sede en Ocaña y concentrará las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para enfrentar a las estructuras criminales que operan en esta zona.
También se fortalecerá el control sobre los corredores utilizados por los grupos armados para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.
A esto se suma la activación en Ocaña del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial, CICOT, que permitirá reunir información de las Fuerzas Militares, la Policía y otros organismos del Estado para anticipar amenazas, identificar responsables y orientar las operaciones contra el ELN y otras organizaciones criminales.
En materia judicial también entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial, CIJUT, con el propósito de fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y judicializaciones de los responsables de los ataques, así como en la desarticulación de sus redes de apoyo.
El Ministerio de Defensa también anunció la activación de recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del ELN que delinquen en el Catatumbo.
Estas medidas hacen parte de la nueva estrategia de seguridad para la región, que busca afectar las estructuras armadas, sus cabecillas, finanzas y economías ilícitas, además de fortalecer la protección de la población civil.
El Gobierno Nacional aseguró que la Fuerza Pública mantendrá sus capacidades desplegadas en Norte de Santander y que estas acciones se desarrollarán bajo el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.