Tribunal de Bogotá condena a 9 años de cárcel a contratista involucrado en saqueo de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a 9 años y 11 meses de prisión a Francisco Javier Estupiñán, uno de los ejecutivos de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en el robo de recursos públicos liderado por Olmedo López, por medio del contrato de los carrotanques de La Guajira.

La sentencia se produjo luego de que Estupiñán se allanara a los cargos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos.

Además, en las últimas horas un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad que el sentenciado firmó con la Fiscalía, en el que se comprometió a colaborar con la investigación y al mismo tiempo “construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas”.

La intervención criminal de Estupiñán

La investigación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la admisión de responsabilidad del procesado permitieron determinar que Estupiñán intervino en el direccionamiento y adjudicación irregular de la orden de proveeduría desde la UNGRD para la adquisición de los 40 carrotanques por más de 29.000 millones de pesos incluyendo más de 11.000 millones en sobrecostos.

Pero no solo esto. Las indagaciones de la Fiscalía lograron reconstruir que el exdirectivo de la Corporación anexó certificaciones de disponibilidad de los carrotanques y tramitó, junto con funcionarios y el representante legal de la Corporación, desembolsos por más de 25.000 millones de pesos aunque los carrotanques no estaban listos.

“Durante este proceso contractual se presentaron sobrecostos por 11.114 millones de pesos. De este monto, el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos y favorecieron a terceros para que se quedaran con 6.784 millones de pesos adicionales”, se lee.

Además de la pena en prisión el procesado tendrá que asumir una multa de 5.000 millones de pesos y una inhabilidad de 9 años para ocupar cargos públicos.