La última apuesta de Petro: firmó ley de alimentación universitaria; queda pendiente su financiación

En las últimas horas del Gobierno Petro quedó sancionada una de las últimas apuestas de su administración para fortalecer el bienestar de los estudiantes de universidades públicas.

Se trata de la Ley 2618, que crea el Programa de Alimentación Universitaria (PAU), un proyecto que garantizará el acceso a una alimentación adecuada para estudiantes de pregrado, priorizando a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad económica y social.

La ley fue sancionada el 31 de julio en que el hoy tuvimos acceso en Primicia, en el cierre del Gobierno Petro, pero su alcance comenzó a conocerse al finalizar esa administración. Con ella, el Estado crea un programa nacional para fortalecer la permanencia estudiantil y reducir las barreras económicas que enfrentan miles de jóvenes para continuar sus estudios, mediante el acceso a alimentación durante su formación universitaria.

¿Qué cambia con la nueva ley?

El Programa de Alimentación Universitaria estará dirigido a estudiantes de pregrado matriculados en universidades públicas de todo el país.

La prioridad será para quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad económica y social. También tendrán un enfoque preferente estudiantes en estado de gestación o lactancia, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, integrantes de grupos étnicos, jóvenes provenientes de zonas rurales, dispersas e insulares y estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Los programas de pregrado completamente virtuales no harán parte del beneficio.

Para prestar el servicio, las universidades podrán implementar dos modalidades, dependiendo de su infraestructura y capacidad operativa.

La primera será el plato servido, mediante comedores universitarios donde existan las condiciones para preparar y entregar alimentos. La segunda será un subsidio o bono de alimentación, destinado a facilitar la compra de alimentos cuando las instituciones no cuenten con la infraestructura necesaria para prestar el servicio directamente.

La norma también ordena al Ministerio de Educación definir los lineamientos técnicos del programa, establecer los criterios de focalización y distribución de recursos, así como promover que las universidades prioricen la compra de alimentos a pequeños productores, mercados campesinos y organizaciones de la agricultura familiar, buscando fortalecer las economías locales.

El gran interrogante: los recursos

Pero el principal reto será conseguir la financiación.

Aunque la ley crea oficialmente el Programa de Alimentación Universitaria, no establece una partida específica de recursos para ponerlo en marcha.

En cambio, dispone que el PAU se financiará con recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación, además de donaciones, recursos propios de las universidades públicas y otros mecanismos de concurrencia con entidades territoriales. También deja claro que esos recursos deberán ser adicionales y no podrán reemplazar las transferencias que actualmente reciben las instituciones de educación superior públicas.

Ese punto deja uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno de Aberlardo de la Esprella: garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para que el programa no se quede en el papel y pueda convertirse en un beneficio real para miles de estudiantes.

La ley ya existe, pero no empezará a operar de inmediato

La firma de la ley no significa que los estudiantes comenzarán a recibir alimentación de manera inmediata.

El texto establece que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, y las universidades públicas tendrán un plazo de un año para implementar el Programa de Alimentación Universitaria.

Durante ese tiempo deberán expedir la reglamentación, definir la distribución de recursos, establecer los mecanismos de operación y poner en marcha el programa en las instituciones de educación superior públicas del país.

Además, la ley crea un sistema permanente de monitoreo y evaluación que obligará a las universidades a reportar indicadores sobre cobertura, calidad nutricional, ejecución presupuestal, número de beneficiarios y resultados del programa. Esa información será consolidada por el Ministerio de Educación para hacer seguimiento a la implementación del PAU.

La Ley 2618 quedó sancionada como una de las últimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro en materia de educación superior. Sin embargo, su verdadero examen comienza ahora: el nuevo Gobierno deberá garantizar los recursos, reglamentar el programa y convertir en una realidad una iniciativa que busca beneficiar a miles de estudiantes de universidades públicas en todo el país.