MinAgricultura rechaza eliminar las APPA: niega expropiaciones y alerta por riesgo alimentario

La controversia por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) sigue escalando. Después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que una de las primeras decisiones de su gobierno será cancelar las resoluciones que crearon estas áreas, el Ministerio de Agricultura saliente respondió con un contundente pronunciamiento en el que rechazó esa intención.

La cartera aseguró que eliminar las APPA dejaría sin protección cerca de un millón de hectáreas en más de 55 municipios, pondría en riesgo la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la protección del suelo rural, y representaría un retroceso para el país.

¿Por qué se desató esta controversia de eliminar las APPA?

El debate comenzó luego de que el presidente electo anunciara la posible eliminación, al considerar que estas figuras de ordenamiento limitaran el desarrollo de los territorios.

La discusión ha tomado fuerza porque distintos sectores han advertido que las APPA podrían terminar limitando el uso de algunos predios rurales e incluso han afirmado que abrirían la puerta a expropiaciones. Frente a esas críticas, el Ministerio respondió que esa interpretación carece de fundamento y sostuvo que las declaratorias no modifican la propiedad de la tierra, no desconocen derechos adquiridos y tampoco obligan a los propietarios a cambiar el uso de sus predios.

¿Qué son las APPA?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son zonas rurales que el Estado identifica, mediante estudios técnicos, como estratégicas para la producción de alimentos.

Su objetivo es proteger los suelos con mayor capacidad agrícola para evitar que pierdan esa vocación por cambios en el uso del suelo y garantizar que continúen aportando a la producción de alimentos del país.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, según el Ministerio de Agricultura, se han declarado cerca de un millón de hectáreas como APPA en más de 55 municipios, convirtiéndose en una de las principales apuestas de la política de ordenamiento del suelo rural.

El Ministerio insiste en que no son mecanismos de expropiación

Uno de los puntos más claros del pronunciamineto responde directamente a las críticas sobre estas áreas.

La cartera aseguró que las APPA no son mecanismos de expropiación, no imponen cultivos, no restringen de manera general las actividades económicas y tampoco impiden el desarrollo de proyectos de infraestructura autorizados por la ley. Además, afirmó que respetan plenamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas ya consolidadas.

El Ministerio explicó que cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), bajo metodologías objetivas y mediante procedimientos que incluyen publicidad, participación ciudadana y articulación con las entidades territoriales.

Tambien, el Ministerio defendió las APPA con criterios ambientales y de seguridad alimentaria.

Según la entidad, eliminar estas áreas debilitaría los instrumentos para proteger el suelo rural, aumentaría la presión sobre las zonas productivas y comprometería la capacidad del país para garantizar la producción sostenible de alimentos.

Como sustento, citó información del IGAC y del IDEAM según la cual más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro físico, químico o biológico, mientras que el 60 % de los municipios registra afectaciones en sus suelos agrícolas.

Por lo que, en ese sentido la cartera, hace aún más necesaria la existencia de mecanismos como las APPA para proteger los terrenos con vocación agropecuaria.

Asegura que proteger estos suelos es una obligación legal

Otro de los argumentos del Ministerio es que la protección del suelo rural agropecuario no nació con el actual Gobierno, por lo que la discusión no se limita a lo politico.

La entidad sostuvo que las APPA desarrollan obligaciones previstas desde hace décadas en normas como el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 388 de 1997, una sentencia de la Corte Constitucional y otras disposiciones relacionadas con el ordenamiento territorial, la conservación del suelo y la protección del campesinado. Por eso, considera que eliminarlas debilitaría un instrumento creado para preservar la producción de alimentos en Colombia.