Fiscalía reasignó caso contra 11 presuntos terroristas de Bogotá y suspende acusación

La Fiscalía General de la Nación modificó el trámite del proceso penal contra 11 presuntos integrantes del grupo autodenominado PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de hechos violentos ocurridos durante manifestaciones en Bogotá. Una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, trasladó el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa para que sea estudiado bajo un enfoque especializado relacionado con la protesta social.

La decisión, contenida en la Resolución 171 del 16 de junio de 2026 y conocida por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se produjo un día antes de que se realizara la audiencia de acusación. Como consecuencia, la diligencia no avanzó y el proceso quedó reprogramado para el próximo 12 de agosto, cuando se definirá cómo continuará el caso.

Los procesados son Juan Sebastián Manios Lozano, Camilo Andrés Portilla Castañeda, Sneider Sebastián Cantor Cortés, Cristhian Camilo Medina Rojas, Silvia María Camargo Pinzón, Daniel Felipe Pulido Sarmiento, Kennet Steven Mestra Montes, Carlos Raúl Torres Laguna, Brayan Stiven Valderrama Cubies, Omar Millet Araya Romero y Johan Sebastián Castellanos Díaz.

La investigación sostiene que los once procesados habrían conformado una organización con vocación de permanencia para planear y ejecutar acciones violentas en la capital. Entre los hechos atribuidos aparecen ataques con explosivos improvisados, bloqueos de vías, daños a la infraestructura pública y afectaciones al sistema TransMilenio.

De acuerdo con el expediente, la estructura habría participado en al menos quince episodios violentos entre 2024 y 2025. La Fiscalía también investiga si parte de los recursos para la logística y la fabricación de explosivos fueron enviados desde Medellín y si algunos de los integrantes tendrían presuntos vínculos con personas relacionadas con el ELN.

El cambio de competencia fue anunciado durante la audiencia por la fiscal 107 especializada de Bogotá, quien explicó que la decisión obedecía a una facultad de la fiscal general.

“El día de ayer la señora fiscal general me manifiesta que tiene la potestad de asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos (…) Tiene atribuida la función legal de asignar a los fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera, y de asignar y desplazar libremente a sus servidores en la investigación del proceso.”

La funcionaria indicó que el traslado del expediente responde a la necesidad de aplicar un tratamiento especializado al proceso.

“En este marco, la variación de asignación de una actuación penal hacia fiscales vinculados a un grupo de tareas especiales constituye una medida funcionalmente admisible cuando la naturaleza de los hechos, la complejidad de la investigación o la necesidad de aplicar un enfoque especializado justifica que el conocimiento sea asumido por servidores de dedicación y criterios de actuación ajustadas al fenómeno investigativo.”

La resolución establece que los fiscales que asuman el expediente deberán analizar “de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable.”

Además, el documento señala que el expediente “se relaciona con hechos ocurridos en escenarios de protesta social que exige armonizar dos mandatos constitucionales. De un lado, el deber de la Fiscalía General de la Nación de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que revistan las características de delito (…) y de otro lado, la protección reforzada del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente reconocido en conexión con la libertad de expresión.”

Mientras la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa define el curso del proceso, la acusación permanece suspendida y el futuro judicial de los once procesados dependerá de la evaluación que realicen los nuevos fiscales.