Cuestionan destinación de los recursos de la tasa de seguridad en la Asamblea de Antioquia

Medellín, Antioquia

En un debate de control político sobre la ejecución de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, en Antioquia, el diputado Luis Peláez denunció una serie de irregularidades y cuestionó el destino de los recursos de la tasa de seguridad.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al contrato adjudicado a la empresa Elephas, por cerca de 20.000 millones de pesos, para la ejecución de proyectos relacionados con seguridad.

Según el diputado, la empresa no tendría experiencia acreditada en ese sector. Incluso aseguró que, durante la revisión adelantada por su equipo, acudieron a la dirección registrada por la compañía y llamaron al número telefónico reportado, donde, según dijo, respondió una droguería.

“¿Usted puede creer que no tiene experiencia en seguridad? ¿Que fuimos a la sede y no existe? ¿Que llamamos al número telefónico y nos contestó una droguería?”, manifestó el diputado.

Peláez también aseguró que la sociedad tendría un capital suscrito de aproximadamente 150 millones de pesos, monto que, a su juicio, no guarda proporción con los contratos adjudicados. Además, cuestionó que la experiencia acreditada por la empresa correspondería principalmente a actividades comerciales y no a proyectos especializados en seguridad.

También cuestionó contratos con empresas industriales y comerciales del Estado

Durante su intervención, el diputado aseguró que parte de los recursos de la tasa fueron ejecutados mediante convenios con empresas industriales y comerciales del Estado, mecanismo que, según dijo, permitió contratar sin acudir a procesos licitatorios abiertos.

Entre los casos expuestos mencionó la empresa de desarrollo de Donmatías, a la que atribuyó la ejecución de cerca de 20 contratos por aproximadamente 28.000 millones de pesos. Peláez sostuvo que existen dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar estas entidades y anunció que esos procesos también harán parte de las denuncias que presentará ante los organismos de control.

Otro de los cuestionamientos expuestos durante el debate estuvo relacionado con las obras de mejoramiento de placas polideportivas en Puerto Berrío. El diputado Luis Peláez aseguró que encontró presuntas inconsistencias en la ejecución de estos contratos, al señalar posibles diferencias entre las obras contratadas y las ejecutadas, así como dudas sobre los costos y la supervisión de los proyectos. Según indicó, estos hallazgos también serán puestos en conocimiento de los organismos de control para que establezcan si existieron o no irregularidades.

Gobernación defendió la destinación de los recursos

En respuesta a los cuestionamientos, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, aseguró que la tasa especial de seguridad no fue creada para disminuir por sí sola los índices de criminalidad, sino para fortalecer las capacidades institucionales de la Fuerza Pública.

“La seguridad no se compra, se construye. La tasa financia capacidades y las capacidades permiten producir mejores resultados”, afirmó el funcionario.

Martínez explicó que los recursos se han invertido en tecnología, inteligencia, movilidad, comunicaciones, infraestructura y logística para enfrentar organizaciones criminales que, según dijo, cuentan con mayores capacidades operativas y tecnológicas.

Gobernación destacó las inversiones realizadas

Durante el debate, el secretario presentó algunas de las inversiones realizadas con los recursos de la tasa especial de seguridad.

Entre ellas mencionó la entrega de camionetas blindadas, motocicletas, equipos antidrones, radios de comunicación, teléfonos satelitales, botes y motores para la Armada Nacional, así como el fortalecimiento de laboratorios de criminalística y de capacidades de inteligencia.

También indicó que se han realizado intervenciones en estaciones de Policía de municipios como Buriticá, Carepa, Uramita, Caldas y Sabaneta, además del mejoramiento de 44 placas polideportivas, que, según explicó, hacen parte de una estrategia para recuperar espacios comunitarios y prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

El secretario agregó que, aunque no es metodológicamente correcto atribuir la reducción de los delitos únicamente a la tasa de seguridad, sostuvo que estos recursos han permitido fortalecer la capacidad operativa de las autoridades y mejorar la respuesta institucional frente a las estructuras delincuenciales.