Procuraduría investigará a funcionarios de la Defensoría tras polémica por mural en Medellín

Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Defensoría del Pueblo tras la controversia generada por la presencia de servidores de esa entidad durante la elaboración de un mural el pasado 5 de julio.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ordenó iniciar las actuaciones para establecer si hubo una eventual falta disciplinaria por parte de funcionarios de la Defensoría.

La investigación se originó por una comunicación enviada por el alcalde Federico Gutiérrez a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la que informó que el pasado 4 de julio un grupo de personas intervino un puente vehicular ubicado en la avenida Ferrocarril con San Juan mediante la elaboración de un mural que no tendría autorización.

Según la información oficial, hicieron presencia funcionarios de la Defensoría del Pueblo portando prendas e insignias institucionales. Además, la Alcaldía de Medellín señaló que, de manera simultánea a la realización del mural, fueron distribuidos panfletos relacionados con el aniversario de la denominada Carta de Argel, cuyo contenido, según reportes conocidos por la administración, incluía mensajes atribuidos al ELN.

En la carta dirigida a la defensora Iris Marín, Gutiérrez cuestionó lo que calificó como una “presencia activa, acompañamiento y abierta supervisión” de funcionarios de la entidad y solicitó establecer cuál fue su participación y si contaban con autorización institucional para estar en el lugar.

¿Qué investigará la Procuraduría?

En el auto de apertura, la Procuraduría aclaró que la indagación no busca establecer la legalidad del mural ni la responsabilidad de las personas que lo elaboraron, sino verificar si la actuación de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo estuvo relacionada con el cumplimiento de sus funciones constitucionales o si existen méritos para una investigación disciplinaria.

Para ello ordenó solicitar información a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia sobre si hubo presencia institucional el 4 de julio en el lugar de los hechos y las razones, la identificación de los funcionarios que asistieron y las funciones que desempeñaban.

Asimismo, requirió información a la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Personería Distrital para recopilar informes, registros y documentos relacionados con lo ocurrido.

Pese a la controversia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el alcalde Federico Gutiérrez sostuvieron una reunión en la que acordaron crear mesas de trabajo con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la respuesta frente a las manifestaciones que se desarrollen en Medellín.