Congresistas posesionados por 20 días justifican sus curules; Mauricio Toro los cuestiona

La posesión de 11 congresistas que reemplazarán a legisladores salientes durante los últimos días del actual Gobierno abrió un debate sobre la conveniencia de asumir esas curules cuando el Congreso ya no tiene sesiones ordinarias.

Aunque los nuevos parlamentarios defienden que su presencia permitirá adelantar gestiones en favor de sus regiones, otros sectores consideran que la decisión plantea un cuestionamiento ético por el costo que representa para las finanzas públicas.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el representante del Partido de la U, John Fredy Pimentel, explicó que inicialmente aceptó la curul porque el presidente Gustavo Petro había anunciado la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para discutir temas como la jurisdicción agraria y el Ministerio de la Igualdad.

“Aceptamos precisamente porque el presidente anunció convocar a extras al Congreso y anunció hablar de jurisdicción agraria. Por eso aceptamos, pero ya posesionados, al parecer no se llevó a cabo el anuncio que hizo el presidente”, dijo.

Pimentel sostuvo que, aunque no habrá actividad legislativa, utilizará el tiempo para impulsar derechos de petición y visibilizar problemáticas del Valle del Cauca, especialmente relacionadas con la seguridad en Jamundí, el tren de cercanías y el abastecimiento de agua en Buenaventura.

Además aseguró que, junto con su equipo, piensa destinar esos recursos a actividades sociales: “Lo anunciamos y con el equipo de trabajo lo dijimos, incluso ya tenemos previsto lo que vamos a organizar socialmente con ese tema, porque es un tema más de dignidad”.

En la misma línea se pronunció el nuevo representante liberal por Antioquia, Rodrigo Ardila Vargas, quien aseguró que asumir la curul constituye un compromiso con los ciudadanos que votaron por él.

“Más que un derecho, creo que es una responsabilidad con las comunidades y con los votantes que nos eligieron. Hoy, como congresista, voy a dejar las inquietudes y necesidades de las regiones para que el nuevo Gobierno las tenga en cuenta”, mencionó.

Ardila explicó que durante estos días recorrerá municipios antioqueños para recoger peticiones ciudadanas y presentarlas ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Por otra parte, el recién posesionado senador de la Alianza Verde, Arley Gómez, rechazó las críticas y defendió que sí existe trabajo por realizar, aunque el Congreso no esté sesionando: “No hay sesiones, pero hay trabajo”.

Gómez aseguró que utilizará su investidura para impulsar gestiones relacionadas con la infraestructura y el costo de los combustibles en los Llanos Orientales, además de promover una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que, según él, afecta a la región.

“Soy senador de la República y sobre eso voy a intentar, en estos 20 días, hacer valer no solamente el respeto por mi región, sino una lucha que llevo dando hace 16 años”, dijo.

De igual manera, frente a las críticas sobre el costo de asumir el cargo por tan poco tiempo, respondió que la remuneración corresponde a una decisión legal y no personal: “Yo no tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane. Yo siento que tengo que hacer ese trabajo”.

¿Qué dijo el representante electo Mauricio Toro?

La decisión fue cuestionada por el representante electo de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien consideró que, aunque legalmente los reemplazos pueden posesionarse, el verdadero debate es de carácter ético.

“La discusión no es legal, la discusión es ética y de confianza. Tenemos que tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía en un Congreso que cada vez está más desgastado”, dijo.

Toro sostuvo que durante el receso legislativo no existen proyectos para debatir ni controles políticos que ejercer, por lo que consideró innecesario asumir una curul por un periodo tan corto: “Para hacer derechos de petición usted no tiene que ser congresista. La ley es clara: cualquier ciudadano los puede presentar”.

El representante electo también cuestionó los costos administrativos que implica la posesión temporal de nuevos parlamentarios, como la asignación de oficinas, equipos de trabajo y esquemas de seguridad.

“Si se van a posesionar, que por lo menos no posesionen una UTL, porque mientras se posesionan y arrancan van a ser 15 días que le cuestan al Estado y no van a tener un impacto significativo en su labor”, concluyó.

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