“No puede ser juez y parte”: piden revisar el encargo del ministro de trabajo en la SuperSubsidio

La designación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como superintendente encargado del Subsidio Familiar comenzó a generar reacciones. La Federación del Sistema de Seguridad Social (FESSS) solicitó a la Procuraduría General de la Nación revisar el Decreto 0649 de 2026, al considerar que la medida podría vulnerar el régimen de incompatibilidades de la función pública.

El encargo se produjo tras la renuncia de Sandra Cadena a la Superintendencia del Subsidio Familiar. La exfuncionaria dejó el cargo luego de cerca de 18 meses de gestión y aseguró que se va con la “satisfacción del deber cumplido”, destacando avances en programas dirigidos a la niñez, las mujeres y el fortalecimiento del sistema.

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¿Por qué cuestionan el nombramiento?

Para FESSS, el problema está en que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar cumplen funciones diferentes, pero estrechamente relacionadas.

Mientras el Ministerio define políticas para el sistema del subsidio familiar, la Superintendencia es la entidad encargada de vigilar y controlar que las cajas de compensación familiar cumplan la ley. Según la organización sindical, ambas responsabilidades no deberían recaer en un mismo funcionario porque podría afectarse la independencia del organismo de control.

La federación también sostiene que el ministro “no es posible que ahora lo dejen como juez y parte del sistema”, al considerar que terminaría tomando decisiones sobre un sector que, al mismo tiempo, tendría la responsabilidad de supervisar.

Piden revisar la legalidad del decreto

En el documento enviado al procurador Gregorio Eljach, FESSS asegura que el cargo de ministro y el de superintendente son de tiempo completo y requieren dedicación exclusiva, por lo que ejercer ambos de manera simultánea podría afectar el funcionamiento de las dos entidades. Además, cita decisiones del Consejo de Estado que, según afirma, limitan este tipo de encargos cuando se acumulan funciones de dirección y de control.

La organización también señala que existen procesos y actuaciones relacionadas con decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo sobre las cajas de compensación familiar, por lo que considera que la Superintendencia debe mantener plena autonomía frente al Gobierno. Como soporte de ese argumento, anexó una denuncia disciplinaria presentada previamente ante la Procuraduría.

Las solicitudes en concreto

En el oficio, la federación pidió tumbar o modificar el Decreto 0649 de 2026, nombrar un superintendente que ejerza el cargo con independencia y solicitar la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública para revisar la legalidad del acto administrativo.