En la mira de la Contraloría Distrital atención a la primera infancia en Bogotá

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a 2.603 millones de pesos tras evidenciar que 1.315 niños fueron atendidos simultáneamente por la Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, generando una presunta duplicidad en el pago y la prestación de servicios financiados con recursos públicos destinados a la primera infancia.

El hallazgo fiscal se originó en una indagación preliminar que permitió establecer que ambas entidades ejecutaron simultáneamente programas con características, población objetivo y componentes de atención similares, orientados igualmente a garantizar el desarrollo integral de niños.

Como resultado del cruce de bases de datos entre ambas entidades, la Contraloría determinó que durante 2024 se registraron 339 casos de atención simultánea y durante 2025 otros 976 casos, para un total de 1.315 beneficiarios atendidos concurrentemente con recursos públicos de la Secretaría y el ICBF, situación que contraviene la normatividad vigente, según la cual un mismo menor no puede recibir atención financiada por dos entidades del Estado al mismo tiempo.

El análisis técnico y financiero realizado por el organismo de control permitió establecer un presunto daño fiscal superior a $2.603 millones, de los cuales más de $1.025 millones corresponden a la vigencia 2024 y más de $1.122 millones a la vigencia 2025.

“Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”, dijo Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal.

La indagación preliminar también puso en evidencia fallas graves en los mecanismos de control y seguimiento de la Secretaría de Integración Social, que presuntamente no verificó de forma oportuna si los beneficiarios ya estaban siendo atendidos por otra entidad pública.

Esto debido a que no se aplicaron de manera efectiva instrumentos fundamentales de validación y control, como la Resolución 218 de 2023, por medio de la cual se definen las reglas y principios aplicables a los servicios sociales de la SDIS; el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos de seguimiento y verificación.

La actuación fiscal vincula presuntamente a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia de la Secretaría de Integración Social, quienes tenían la responsabilidad de garantizar el control, seguimiento y correcta ejecución de estos programas.