Exgerente de Coosalud anuncia acciones legales contra Petro tras nuevas acusaciones

Las nuevas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la EPS Coosalud generaron una inmediata respuesta de la defensa de Jaime González, exgerente de la entidad, que anunció acciones legales contra el mandatario.

Recordemos que en el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Petro aseguró que recursos relacionados con Coosalud habrían sido objeto de operaciones de lavado de activos y desvío de dineros de la salud.

Según afirmó, el Gobierno habría identificado que un crédito por cerca de 221.000 millones de pesos otorgado por el Banco Sudameris terminó en una empresa vinculada al entonces gerente de la EPS.

Se viene una batalla judicial

Frente a estos señalamientos, el abogado Julián Quintana, defensor de Jaime González, aseguró que las acusaciones carecen de sustento probatorio y desconocen decisiones judiciales, actuaciones de los organismos de control y documentación que reposa en poder de las autoridades.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que no existe prueba que sustente los graves señalamientos formulados públicamente contra Jaime González”, sostuvo Quintana, al recordar una decisión judicial que protegió los derechos al buen nombre y a la presunción de inocencia de su defendido.

En ese sentido, la defensa también señaló que la Contraloría General, al revisar las denuncias relacionadas con la operación crediticia cuestionada, concluyó que no existía detrimento patrimonial efectivo ni daño patrimonial cierto a los recursos de la salud.

De hecho, según el abogado, el organismo reconoció la existencia de un derecho de crédito a favor de la EPS y descartó la pérdida de recursos públicos.

Asimismo, Quintana citó declaraciones del exsuperintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, quien habría manifestado ante la justicia que no le constaba que Coosalud hubiera desviado recursos de la salud o favorecido irregularmente a determinadas IPS.

De acuerdo con la defensa, existen además certificaciones expedidas por entidades financieras que demostrarían que no se realizaron transferencias de recursos de la salud hacia cuentas en el exterior y que los dineros involucrados en la operación cuestionada correspondían a recursos propios o privados de la EPS.

“El presidente insiste en presentar como verdades absolutas acusaciones que no han sido demostradas. Lo que estamos presenciando no es una discusión jurídica ni técnica, sino un intento de sostener una narrativa política”, señaló el abogado.

Además, expresó preocupación por la mención de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dentro de las denuncias formuladas por el Gobierno y advirtió que, de comprobarse un uso indebido de información estatal con fines políticos, podrían configurarse conductas contrarias a la Constitución y la ley.