Informe respalda declaraciones de general de FFMM sobre presiones de disidencias en época electoral

Caracol Radio conoció documentos que respaldan lo dicho por el general Erick Rodríguez sobre carnetización, presión armada y constreñimiento contra comunidades por parte de grupos ilegales en medio del calendario electoral.

El oficial, quien era subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, habló de estos hechos luego de las denuncias conocidas sobre presiones a la población civil en el Meta. Posteriormente, se conoció su salida del cargo.

Los informes de Defensoría y autoridades señalan que hay “evidencia que el GAO-r facción alias Calarcá impone la creación de fondos comunes a las comunidades rurales del departamento de Caquetá con el propósito de organizar y financiar mesas de votación autónomas”.

Según el documento, durante reuniones atribuidas a alias La Morocha, se estableció que dicha logística “exige la participación de aprox. 95 civiles compuestos por entre 30 y 40 integrantes de las denominadas guardias campesinas”.

El informe agrega que “la finalidad de esta acción es la vigilancia y custodia exclusiva de las urnas; garantizando que la estructura armada pueda llegar a auditar de primera mano el flujo de votantes”.

El informe advierte que quienes se negaran a acatar las directrices comunitarias dictadas por esa estructura criminal serían “multados económicamente o desplazados forzosamente de su territorio”.

También señala que la instrumentalización de las Juntas de Acción Comunal incluye “la movilización forzada de la población civil para bloquear el ingreso de las autoridades”.

Según los informes, “el propósito de estas citaciones bajo amenaza es ejecutar asonadas para impedir el avance de las tropas”.

Otro punto del documento advierte sobre la circulación de un comunicado de COSCOPAAS en zonas rurales de Meta, Guaviare, Caquetá y Huila. Para las autoridades, ese texto “transgrede el ejercicio democrático libre al ordenar a las directivas de las JAC convocar asambleas obligatorias para inducir el voto hacia una línea política de preferencia”.

El informe sostiene que la exigencia física del certificado electoral constituye una “auditoría criminal del sufragio”, porque el ciudadano que no lo exhiba ante una JAC instrumentalizada quedaría expuesto a “sanciones, multas, juicios en comités de conciliación o expulsión del territorio”.

El análisis agrega que estas dinámicas no responderían únicamente a la coyuntura electoral. Según el documento, la imposición de censos y carnetización constituye un mecanismo para consolidar “regímenes de autonomía territorial, auditoría poblacional y control estricto de la movilidad”.

A los hallazgos se suma la validación de organismos de control y verificación multilateral. El informe cita la Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido de manera formal y vinculante sobre el riesgo inminente en Meta, Guaviare y Caquetá.

Según el documento, esa alerta “desvirtúa cualquier señalamiento de que el constreñimiento sea una coyuntura repentina”. Además, señala que la Defensoría tipificó expresamente “la coacción a líderes sociales, la limitación a la movilidad y la carnetización” como mecanismos de control territorial del GAO-r.

El informe también cita reportes de la MOE sobre modelos de carnetización hacia población civil y verificaciones de la MAPP/OEA sobre “dinámicas de control territorial coercitivo”, justicia paralela e instrumentalización forzada de Juntas de Acción Comunal.

Con estos documentos, las declaraciones del general Erick Rodríguez quedan soportadas en informes de inteligencia militar, alertas tempranas de la Defensoría y reportes de organismos nacionales e internacionales.