Fiscalía imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué por presunto direccionamiento de contrato
La Fiscalía imputó a la alcaldesa Johana Aranda por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué
Ibagué
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato de $73 millones suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).
Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el secretario de Gobierno para la época de los hechos; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a la empresa Servicios Empresariales SKY S.A.S., encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.
Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y el secretario de Gobierno celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.
Además, habrían elaborado estudios con precios por fuera de las condiciones del mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.
Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos.