Agencia de Tierras y oposición chocan por Jurisdicción Agraria: ¿le quitarán facultades al Gobierno?

La discusión por la Jurisdicción Agraria volvió a generar tensión en el Congreso, esta vez por las diferencias sobre las facultades que debe conservar la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en procesos como la administración y adjudicación de terrenos baldíos.

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el director de la ANT, Felipe Harman, advirtió que desde sectores de oposición se estaría impulsando una interpretación que, según él, podría limitar de fondo las competencias de la entidad.

“De manera soterrada se viene ambientando la situación de que la Agencia Nacional de Tierras pierda facultades hasta para titular baldíos”, dijo.

El funcionario señaló que algunos planteamientos llevarían a que trámites administrativos sobre tierras terminen sometidos a control judicial, incluso en casos de formalización de propiedad campesina.

“Imagínese ahora que todos los trámites asociados a la tierra van a tener control judicial, incluyendo la formalización de la propiedad. Eso es un exabrupto que no podemos permitir”, afirmó.

Harman sostuvo que la ANT debe conservar sus facultades administrativas en materia de baldíos pues, según dijo, forman parte de la función histórica del Estado en la administración de tierras.

“Lo que tiene que ver con la administración y recuperación de bienes baldíos de la Nación es la finalidad misma de la Agencia Nacional de Tierras (...) Imaginen a un campesino esperando a que le salga una demanda para poder titular su baldío, eso es una cosa absurda”, señaló.

Además, aseguró que trasladar esos procedimientos a jueces podría retrasar durante años la entrega de títulos a los campesinos: “Eso es literalmente condenar al campesinado a que jamás encuentre el título de formalización”.

Por su parte, la representante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, defendió la necesidad de que los jueces tengan un papel central en la resolución de los conflictos por las tierras.

Según la congresista, la Jurisdicción Agraria fue creada precisamente para que sean los jueces independientes quienes diriman este tipo de disputas y no las entidades del Ejecutivo: “La Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos”.

Arbeláez sostuvo que la ANT cumple una función importante, pero insistió en que las decisiones finales sobre derechos de propiedad deben contar con control judicial.

“Una cosa es una entidad administrativa adelantando procesos técnicos o la identificación de tierras, y otra muy distinta es que las decisiones finales sobre los derechos de propiedad queden prácticamente en manos del gobierno de turno”, añadió.

La representante también recordó que la Corte Constitucional ha defendido la fase judicial dentro de los procesos agrarios y aseguró que ese pronunciamiento debe ser tenido en cuenta por el Congreso: “Para eso se creó la jurisdicción, para que fueran jueces especializados los que se encargaran de dirimir estos conflictos”.

Durante la entrevista también se mencionó la aclaración hecha por la Corte Suprema de Justicia, que señaló que la adjudicación de terrenos baldíos ha sido una facultad del Estado y, en el esquema actual, de la Agencia Nacional de Tierras.

Entretanto, el proceso de la Jurisdicción Agraria continúa en trámite en el Congreso de la República, en medio de estas diferencias.

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