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Gobierno extiende millonario contrato con firma británica que asesora a Petro por sanciones de EEUU

La prórroga del contrato fue aceptada formalmente el pasado 30 de abril por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik.

Gustavo Petro y bandera de Estados Unidos. Fotos: Colprensa / Getty Images

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El Gobierno Nacional prorrogó el polémico contrato por 10.000 millones de pesos firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, la microempresa de dos empleados contratada por la Presidencia para asesorar jurídicamente al Estado colombiano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro.

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La modificación contractual mantiene intacto el valor total del acuerdo y el esquema de pagos: cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos, equivalentes a 500 mil libras esterlinas cada uno, condicionados a la entrega de informes técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas sobre el régimen de sanciones financieras internacionales.

Según la prórroga conocida por Caracol Radio, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, creó además una “mesa técnica de apoyo” para revisar de manera inmediata los informes entregados por la firma extranjera y agilizar la aprobación de los pagos.

El documento insiste en que el contrato está excluido de la tabla ordinaria de honorarios de la Presidencia por tratarse de servicios “altamente calificados”, de carácter especializado y de confianza.

Amadeus aceptó prórroga

La prórroga fue aceptada formalmente el pasado 30 de abril por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, representantes de Amadeus Consultancy.

En una comunicación dirigida al secretario jurídico de Presidencia y supervisor del contrato, Augusto Ocampo, los contratistas manifestaron su “aceptación integral” de las nuevas condiciones y su disposición para formalizar la modificación.

Cabe resaltar que el contrato ha estado rodeado de cuestionamientos desde su firma, debido al alto valor comprometido, la ausencia de un proceso competitivo abierto y el perfil de la empresa contratada, una pequeña consultora británica creada en 2017, con activos limitados y apenas dos empleados reportados en los registros mercantiles del Reino Unido.

La Procuraduría General mantiene abierta una indagación preliminar sobre el proceso contractual mientras evalúa si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria.

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia...