Salir a informar y no volver: ¿quién protege hoy a los periodistas en Colombia?

El asesinato del periodista en Briceño, Antioquia, volvió a encender las alertas sobre las condiciones en las que hoy se ejerce el periodismo en Colombia. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no se trata de un hecho aislado, sino de un acto de un problema estructural que combina amenazas, presiones de actores armados, estigmatización y fallas en la protección estatal.

En entrevista con Caracol Radio, el subdirector de la FLIP, Daniel Chaparro, advirtió que el país enfrenta un deterioro sostenido en las garantías para informar, especialmente en las regiones, donde los periodistas quedan en medio de una guerra por amplificar las voces del país y las disputas territoriales y economías ilegales.

¿Cómo es hoy el panorama para ejercer el periodismo en Colombia?

La FLIP viene documentando cerca de 500 agresiones anuales contra periodistas en el país, una tendencia que se ha mantenido durante los últimos cinco o seis años.

“El panorama más crítico es lamentable. De esas 500 amenazas, más o menos el 40% son amenazas de muerte. Y estas amenazas de muerte, muchas de ellas vinculan al núcleo familiar más cercano de los periodistas”, explicó Chaparro.

El problema, advierte, no es solo la magnitud de las cifras, sino el contexto en el que ocurren: territorios con disputas armadas donde ejercer el periodismo implica exponerse constantemente.

“En estas circunstancias, también con un ambiente hostil para desarrollar el ejercicio periodístico, pues estamos en una situación lamentable, sobre todo en territorios donde hay disputas entre grupos armados. Y ahí es donde nosotros deberíamos concentrar no solo la atención, sino también brindar todas las garantías de protección”, agregó.

Más allá de la cifra, el diagnóstico apunta a un fenómeno sostenido: la violencia contra la prensa no es episódica, sino estructural en múltiples regiones del país.

¿Por qué se ha sido o vuelto más peligroso informar?

Los cambios en las dinámicas del conflicto están directamente relacionados con el aumento del riesgo. A medida que se transforman los actores y las disputas, el periodista queda en el centro de esa tensión, según afirmó Chaparro en los micrófonos de Caracol Radio.

“Hay un asunto histórico. Cuando cambia la violencia, quienes deben informar sobre este tipo de hechos son los periodistas. Cuando hay unos cambios en las lógicas, en los actores, en las dinámicas, pues obviamente aumentan los factores de riesgo”, señaló el subdirector.

En Colombia siempre se tendrá un apuntador si se pretende exponer lo que muchas veces se calla. "Hay unas disputas entre grupos armados de los que ya no se entiende muy bien quiénes son, cómo están allí. Y, por ejemplo, en el norte del departamento de Antioquia, donde estaba trabajando Mateo Pérez, en este momento hay tres grupos ilegales disputándose el territorio. Claramente, informar en esos lugares implica un riesgo grande”, advirtió.

No es un daño colateral según la FLIP. Es una violencia directa contra el periodismo, contra ese acto “simple” de salir a contar lo que sucede, mostrar esas historias que dejan huella en el país. Quienes ejercen este oficio lo saben: informar, en muchos territorios, sigue teniendo un costo alto.

“A los periodistas los están asesinando por hacer su trabajo. Les matan cuando salen del periódico, cuando están llegando a la emisora o cuando están haciendo reportería”, denunció Chaparro.

¿Qué significa hoy ser periodista en Colombia?

El ejercicio ha cambiado con el tiempo, pero persiste una constante, la presión de poderes que buscan silenciar la información incómoda.

“El ejercicio ha cambiado mucho, pero lo que no cambia es la imposición de poderes que quieren callar a los periodistas cuando están investigando cosas que les incomodan o lo “expone””, explicó Chaparro, subdirector de la FLIP.

En ese sentido, también afirmó que, “ha aumentado un ambiente de hostilidad. En redes sociales permanentemente se les estigmatiza, y antes había un respaldo mucho más grande por parte de funcionarios públicos. Hoy no está pasando eso”, aseguró.

“Lo que estamos viendo son señalamientos y estigmatizaciones incluso desde sectores del poder, cuando deberían estar protegiendo la labor periodística”, agregó.

A la presión en terreno se suma así un entorno adverso en el debate público.

¿Está fallando el Estado en la protección?

“Los esquemas de protección son insuficientes. Tener periodistas escoltados a lo largo y ancho de todo Colombia no es suficiente. Se necesitan esfuerzos mayores y una política seria de prevención”, aseguró.

Para Chaparro no basta con medidas reactivas como asignar escoltas, sino que se requiere una política integral que combine prevención y protección efectiva en zonas críticas.

“Eso implica que el Ministerio del Interior desarrolle medidas que realmente brinden garantías en todo el país, especialmente en zonas con disputas territoriales”, indicó.

La denuncia apunta a una ausencia de respuesta estructural frente a un fenómeno persistente. “El Estado tiene muchas falencias. No puede devolver la vida de los periodistas asesinados, pero sí debe proteger a quienes siguen ejerciendo esta labor”, subrayó.

La crítica apunta a un problema estructural más allá de medidas individuales.

¿Dónde están los mayores riesgos para la prensa?

El mapa de riesgo es amplio y diverso. Incluye regiones históricamente afectadas por el conflicto, como Putumayo, Cauca o Arauca, pero también zonas urbanas donde confluyen dinámicas de violencia, según la FLIP.

Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, advirtió en Caracol Radio que los periodistas locales son los más vulnerables, al estar directamente expuestos a las presiones de actores armados y estructuras criminales.

“Hay una larga lista de territorios donde hemos identificado mayor número y severidad de agresiones”, señaló.

El riesgo, advierte la FLIP, no distingue entre lo rural y lo urbano.

¿Qué tienen en común estas zonas?

“Estos lugares tienen economías ilícitas y presencia de actores armados ilegales que quieren controlar todo lo que ocurre allí. Y eso incluye la información”, explicó.

Lo que están haciendo es llevar su campo de batalla a los periodistas, indicó Chaparro en entrevista, haciendo el llamado: "Saquen a los periodistas de su guerra”, enfatizó.

El control de la información se convierte así en un objetivo dentro de las disputas territoriales.

¿Qué mensaje deja la impunidad?

Desde 1977, al menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia por razones relacionadas con su oficio, y solo en un caso se ha logrado justicia plena, según la FLIP. “En los demás, lo que ha reinado es la impunidad”, advirtió Chaparro.

“Las acciones deben ser integrales: prevención, protección, reconocimiento del rol del periodismo y justicia”, agregó. También refiriéndose al caso de asesinato del periodista en Briceño: “Esperamos que en el caso de Mateo no sea así”, concluyó.

La impunidad, según la FLIP, sigue siendo uno de los principales factores que perpetúan la violencia contra la prensa.

Una alerta para la democracia

El asesinato de Mateo Pérez Rueda vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién protege hoy a los periodistas en Colombia?

La advertencia de la FLIP no se limita a un caso. Apunta a un problema estructural que atraviesa regiones enteras del país, donde informar implica exponerse a amenazas, presiones y, en el peor de los casos, a perder la vida.

Sin una respuesta integral del Estado —que combine prevención, protección efectiva y resultados en justicia—, el riesgo seguirá creciendo día a día, en cada historia, en cada voz.

Y en ese escenario, lo que está en juego no es solo la seguridad de los periodistas, sino la posibilidad misma de contar lo que ocurre en buena parte del país.