Frente a posible desabastecimiento de energía, ciudadanos radican tutela en Bogotá
La Corte Constitucional decidirá la revisión de esta tutela ciudadana que, con el respaldo técnico del Grupo Energía Bogotá, busca frenar la crisis estructural del sector y proteger la estabilidad financiera que asegura la energía de los colombianos.
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Reclamando el derecho fundamental de acceder a la energía como garantía de la dignidad humana y los derechos a la salud, educación y trabajo, el grupo de ciudadanos que interpuso esta acción de tutela avanza en su trámite procesal ante las altas cortes.
La acción, presentada por 11 personas que reclaman el amparo de diversos derechos fundamentales ante la crisis estructural que enfrenta el sistema energético en Colombia, busca que la justicia reconozca la vulneración masiva y sistemática de los derechos de los usuarios.
La tutela fue interpuesta contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Argumentan los accionantes, entre los que se encuentran empresarios, empleados, periodistas, amas de casa, etc., que la falta de garantías para el acceso a la energía, ante un posible desabastecimiento, supone una amenaza contra la capacidad de trabajo para cada una de ellas, con las demás afectaciones que ello supondría en el desarrollo de su vida misma.
Dada su relevancia nacional, el caso ha escalado hasta la Corte Constitucional, donde se determinará este 30 de abril si la petición será seleccionada para revisión de fondo por parte de la corporación.
Este escenario representa una oportunidad invaluable para que dicha Corte, como garante de los derechos fundamentales, analice un problema de carácter complejo y estructural que pone en riesgo el derecho de las generaciones presentes y futuras a un servicio de energía continuo y eficiente; una situación que, según los accionantes, ha sido provocada por el propio Estado, el cual tiene el mandato constitucional de garantizar este derecho fundamental para todos.