Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial, ya que recaudan menos: Óscar Pérez

El incremento del impuesto predial en distintas regiones del país sigue generando polémica; y en medio de este panorama, varios congresistas citaron a un debate de control político al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que expliquen las razones detrás de los aumentos.

En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, aseguró que más que buscar culpables, es necesario identificar a los responsables de la política pública que detonó el alza.

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De acuerdo con el congresista, el origen del problema se da desde la implementación del catastro multipropósito, una estrategia que se desprende desde el Acuerdo de Paz y que fue incorporada por el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.

Algunas alcaldías no aplican la Ley real de impuesto predial

Pérez explicó que la actualización catastral masiva ha impactado a cientos de municipios en el país, elevando significativamente los avalúos de los predios.

“Han subido en algunos casos hasta en 2.000%, 3.000% o más”, advirtió, señalando que esto ha generado una carga tributaria desproporcionada para muchos ciudadanos, especialmente campesinos.

El representante agregó que, aunque algunos municipios aún no han facturado el nuevo predial, el proceso sigue en marcha y podría extender los efectos del incremento si no se toman medidas.

Uno de los puntos clave del debate es la responsabilidad de las autoridades locales. De acuerdo con Pérez, los concejos municipales , por iniciativa de los alcaldes, tienen la facultad de fijar las tarifas del impuesto predial dentro de los rangos establecidos por la ley.

“Estas tarifas, que van entre el 1 y el 16 por mil, pueden funcionar como un “amortiguador” frente al impacto del aumento catastral". Sin embargo, advirtió que en muchos casos no se han ajustado de manera adecuada.

El congresista fue crítico al señalar que algunas administraciones locales no han querido aplicar mecanismos que reduzcan la carga tributaria, debido a intereses de recaudo.

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