Colombia: uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos

Colombia

Un nuevo informe temático de la ONU Derechos Humanos, advirtió que la violencia contra personas defensoras de derechos en Colombia continúa siendo una crisis estructural que no ha logrado revertirse, a pesar de algunos avances institucionales en los últimos años.

El documento, que analiza el periodo entre 2022 y 2025, evidencia que el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de derechos fundamentales, con altos niveles de homicidios, amenazas y ataques contra líderes sociales, ambientales, comunitarios y de poblaciones vulnerables.

Cifras

Según el informe, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 se documentaron 410 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Esta cifra se suma a los 972 asesinatos registrados entre 2016 y 2025, lo que confirma la persistencia del fenómeno.

Los casos se reportaron en 28 departamentos y 184 municipios, con una alta concentración en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo.

Las víctimas pertenecen, en su mayoría, a sectores clave para la organización social, como líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, integrantes de Juntas de Acción Comunal, defensores ambientales, mujeres y personas LGBTIQ+.

Responsables y causas

El informe dice que el 73% de los homicidios estarían relacionados con actores armados ilegales, mientras que un 8% correspondería a organizaciones criminales. En un 11% de los casos no se logró identificar a los responsables.

Entre las principales causas de la violencia están:

• La persistencia de conflictos armados en varias regiones
• La disputa por economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal
• La débil presencia del Estado en territorios apartados
• Altos niveles de impunidad
• La estigmatización de líderes sociales
• La falta de լուծución efectiva de conflictos por tierras

Avances, pero sin resultados contundentes

ONU Derechos Humanos reconoce como positivo que el Gobierno actual haya priorizado esta problemática, mantenga diálogo con organizaciones sociales y avance en la construcción de una política integral de garantías.

Sin embargo, el informe dice que no se han logrado cambios de fondo, debido a la falta de coordinación entre niveles del Estado y a debilidades, especialmente en el ámbito municipal, donde la capacidad institucional es limitada.

También se advierte que las alertas tempranas no siempre se traducen en acciones efectivas de protección.

Críticas al modelo de protección

El documento cuestiona el actual modelo de protección, centrado principalmente en esquemas individuales gestionados por la Unidad Nacional de Protección, al considerarlo insostenible e insuficiente.

En su lugar, propone avanzar hacia un enfoque integral que priorice la prevención y la protección colectiva, con enfoques diferenciales de género, territorio y etnicidad.

Recomendaciones urgentes

El informe plantea una hoja de ruta tanto para el actual Gobierno como para la próxima preisdencia que asumirá en agosto de 2026. Entre las principales recomendaciones están:

• Adoptar e implementar la Política Nacional de Garantías para personas defensoras
• Fortalecer la articulación entre políticas de seguridad, paz y derechos humanos
• Combatir la impunidad mediante investigaciones más estructurales
• Exigir a grupos armados el cese de la violencia contra la población civil en procesos de diálogo
• Impulsar una ley estatutaria que reconozca y garantice la labor de defensa de derechos humanos