Defensoría del Pueblo respalda llamado a transparencia por menciones de Pastrana en archivos Epstein

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó públicamente al llamado de 109 mujeres escritoras, periodistas, abogadas, académicas y funcionarias que piden explicaciones y transparencia frente a las menciones del expresidente Andrés Pastrana en los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo afirmó que el silencio no es una opción cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes, y enfatizó que el Estado tiene la obligación de investigar cualquier información que vincule a figuras públicas con posibles redes de explotación sexual de menores.

Según explicó Marín, el mandato constitucional de la entidad es proteger y promover los derechos humanos, por lo que consideró legítimas las preguntas planteadas por las firmantes del manifiesto dirigido al exmandatario.

“Nuestro mandato constitucional es claro: proteger y promover los derechos humanos. Cuando archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculan a figuras públicas colombianas con redes de explotación sexual de menores de edad, el Estado tiene el deber de investigar y la ciudadanía tiene derecho a preguntar, no al pacto de silencio”, afirmó la defensora Iris Marín.

La funcionaria también alertó sobre la gravedad de la violencia sexual contra menores en el país. Citando cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indicó que en Colombia más de 50 menores de edad son abusados sexualmente cada día, siendo la mayoría de las víctimas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

La Defensoría también expresó su reconocimiento a las 109 mujeres que firmaron el manifiesto y formularon 20 preguntas al expresidente Pastrana, subrayando que la veeduría ciudadana y el periodismo son pilares fundamentales de la democracia.

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Finalmente, la defensora reiteró que ningún rango político exime a una persona del deber de transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad, especialmente cuando se trata de hechos relacionados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.