Inspectores de Convivencia y Paz se van a paro nacional indefinido

Colombia

El gremio nacional de Inspectores de Convivencia y Paz se declararon en paro nacional indefinido por el incumplimiento de la Ley 2492 de 2025 por parte de la mayoría de alcaldías del país, a pesar de que el plazo legal para su implementación venció el pasado 23 de enero de 2026.

En entrevista con Caracol Radio, Cristian Daniel Ávila Perdomo, vocero nacional del gremio, aseguró que el 95 % de los alcaldes no ha dado cumplimiento a la normativa, argumentando razones administrativas y disposiciones relacionadas con la ley de garantías.

“Nosotros somos el primer acceso a la justicia para los ciudadanos. A nuestras oficinas llegan conflictos de convivencia, solicitudes de orientación jurídica y situaciones que requieren mediación para evitar que escalen. Garantizamos derechos humanos y promovemos la resolución pacífica de conflictos”, explicó Ávila.

Cambio de figura: más funciones

El vocero señaló en estos micrófonos que la modificación no se limitó a un cambio de nombre, de inspectores de policía a inspectores de convivencia y paz, sino que implicó una ampliación sustancial de funciones.

Según dijo, ahora tienen responsabilidades en pedagogía para la paz, conciliación, resolución de conflictos comunitarios y múltiples tareas administrativas.

Además, aseguró que en municipios donde no hay presencia permanente de Fiscalía o Policía de Tránsito, estas inspecciones asumen competencias adicionales.

“Tenemos aproximadamente 139 funciones, incluyendo temas de tránsito en algunos municipios. Las funciones cambiaron y aumentaron, pero no se ha hecho la adecuación de la planta de personal ni la dignificación salarial que ordena la ley”, afirmó.

Reclamos salariales y falta de reglamentación

El gremio denuncia que, seis meses después de la entrada en vigor de la norma, la mayoría de municipios, incluida Bogotá, no ha reglamentado los ajustes necesarios, ni ha conformado los equipos interdisciplinarios que exige la ley.

Entre las principales exigencias están:

• Modificación de la planta de personal en municipios de tercera a sexta categoría.
• Ajustes salariales acordes con las nuevas funciones.
• Conformación de equipos interdisciplinarios de apoyo.
• Reglamentación efectiva de la figura en todo el territorio nacional.

Ávila advirtió que la falta de implementación afecta directamente a la ciudadanía. “Este cese de actividades impacta a la comunidad y a la justicia, porque somos el primer canal institucional para resolver conflictos cotidianos”, dijo.