Denuncian amenazas de bandas criminales contra jueces y fiscales en Fresno, Tolima
Los jueces y fiscales de Fresno han recibido amenazas, incluso en medio de las audiencias, por los procesos que adelantan contra bandas de microtráfico.
Tolima
En diálogo con Caracol Radio, el presidente en el Tolima de la Asociación Nacional de Trabajadores Judiciales (Asonal), Javier Valero, reveló que seis jueces y dos fiscales del distrito de Fresno han sido amenazados por los procesos que llevan en contra de integrantes de dos bandas de microtráfico.
De acuerdo con el líder sindical, se trataría de las bandas denominadas La Línea y La Pantera, cuyos integrantes buscarían intimidar a los agentes de justicia que lideran los procesos judiciales en contra de sus compañeros.
“Seis jueces y dos fiscales, uno local y otro seccional, elevaron un comunicado a la Fiscalía, al Tribunal y a los diferentes sindicatos pidiendo apoyo por los hostigamientos y amenazas que han venido recibiendo desde el año pasado”, detalló Valero.
Las intimidaciones contra jueces y fiscales se han producido a través de llamadas telefónicas, acosos a la salida de sus puestos de trabajo y hasta amenazas indirectas en medio de las audiencias de los procesos judiciales.
“A algunos jueces les han dicho que no realicen estas audiencias, que no sigan con las investigaciones; a un fiscal le dijeron lo mismo. En otros casos, a las juezas, en audiencias de control de garantías, se les han escuchado palabras temerarias, mordaces y amenazantes”, contó el presidente de Asonal Tolima.
Desde Asonal Tolima le pidieron a la gobernadora Adriana Magali Matiz que realice un consejo de seguridad ampliado en Fresno para garantizar medidas de protección a los administradores de justicia.
“Ya hicimos el comunicado a las diferentes entidades: al Consejo Seccional de la Judicatura, a la Dirección de Administración Judicial, a la Fiscalía, a la gobernadora y, obviamente, a la Policía, para que se haga cuanto antes el consejo de seguridad en Fresno”, remarcó.
Por último, Valero rechazó las intimidaciones y amenazas en contra de los trabajadores de la rama judicial, por el riesgo que representan para la administración imparcial de justicia.