Formularios E14, manifestaciones, futuro de la Pensional y rechazo a ayudas de EE. UU.

En Hora20 el análisis a los llamados que hace el presidente sobre el sistema electoral. Un balance a la jornada de marchas en el país, el discurso del presidente, las implicaciones de la movilización y los escenarios a pocos días de las consultas y elecciones legislativas.

También el debate sobre lo que ocurre con una reforma pensional que sigue con el futuro enredado y al final, las ayudas que rechaza el gobierno nacional en medio de la emergencia por las lluvias en Córdoba.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Restrepo, economista, director del Cerac y profesor universitario, resaltó ser demandante del decreto que fijó un aumento del mínimo en el 23,7%, “esta es una oportunidad de corregir un error grande, entonces la importancia es corregirlo y que se fije un mínimo que cumpla con la ley, pues ese cambio tendría efectos en el frente fiscal o reducir el efecto inflacionario; podrían mantenerse más empleos si se cambia el salario mínimo del 23,7%”.

Sobre otro tema como el futuro de la Reforma Pensional, dijo que el gobierno publicó un decreto que reguló los seguros de una persona pensionada. “se comen buena parte de la cotización, estos seguros suben mucho, en parte por el aumento del mínimo. Mina el valor de la pensión”. En ese sentido, explicó que lo que hace el gobierno es adelantar una reforma pensional por decreto, “pero en contra del sistema pensional, del sistema público y puede ser catastrófico. Es una razón más para que se ajuste el decreto del mínimo a lo que establece la ley”.

Para Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, marchar es un derecho fundamental, “no percibí violencia, fue una protesta pacífica y normal. La defensa del salario mínimo está bien, pero el mensaje debe ser de respeto por la separación de poderes y creo que eso se vio”. De otro lado, dijo que lograr un acuerdo en sostener el mínimo es importante, pero también detalló que si se fija por debajo, no se está obligado a pagarlo, “pero todo lo que desprende de ese aumento, quedaría con la cuota fijada”.

Frente a lo que viene para la Pensional comentó que se tendrá que elaborar una nueva ponencia y discutirla, con lo cual, cree que en el término de tres meses podría haber una decisión de fondo.

Alejandro Chalá, politólogo, investigador del área de democracia en Pares y columnista, resaltó que el costo político de una reducción de salario es alto, “si la mayoría de los candidatos salen a respaldar el aumento del 23,7% y si se reduce, hay una distorsión en la campaña; tanto el gobierno, como candidatos como De La Espriella y las consultas, entran a jugar en este escenario”.

Manifestó que lo ocurrido con la Pensional en la Corte es una conclusión de cierre de lo que fue la relación de Petro con el Congreso, “esa relación fragmentada llevó a estancamientos institucionales donde el derecho se usa para bloquear o atajar decisiones. La Pensional es una reforma que se aprueba para que se implemente y nos deja ahora en un limbo en el que el sistema sigue, pero también deja en vulnerabilidad a mucha población”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, destacó que los apoyos de sindicatos a la candidatura de Roy Barreras podría enlazarse con el hecho de que Barreras es el candidato más cómodo para el Presidente, “él dice que no es de izquierda, cada que la izquierda lo critica, pide que lo dejen de fastidiar; qué mejor que un camaleón como Roy para el Presidente”.

Sobre otros temas, dijo que resulta doloroso cómo el Presidente y el ministro de salud sostengan que en el caso del niño Kevin, la culpa es de las EPS, “si es de Nueva EPS, pues esa EPS está intervenida por su gobierno. Si hay responsabilidad, es la del gobierno Petro”.

En cuanto a la posición del Gobierno y la llegada de ayuda de Estados Unidos para atender la emergencia por las lluvias en el Caribe, dijo que este gobierno no es leguleyo y que en esa medida la excusa de la ley es una forma de justificar una decisión que no se compadece con la realidad del territorio, “dicen que hay $3,3 billones para gestionar riesgo que no se ha ejecutado”.