Gobierno y “Los Pachenca” firman acuerdo para desescalamiento de violencia en la Sierra Nevada

Colombia

En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico que adelanta el Gobierno nacional con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) más conocidos como “Los Pachenca”, este 18 de febrero fue protocolizado en Bogotá el “Acuerdo (II) Especial para el Desescalamiento de las Violencias”, orientado a proteger a la población civil y reducir las afectaciones en territorios del Caribe colombiano.

El documento, fue suscrito por delegados del Gobierno y representantes de Los Pachenca, establece compromisos concretos para garantizar la protección especial de niños, niñas y adolescentes y evitar cualquier injerencia en el proceso electoral.

Asimismo, contempla la no realización de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y el respeto a las instalaciones militares y policiales.

El acuerdo aplica especialmente en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), zonas donde tiene presencia ese grupo armado. Allí, las partes buscan fortalecer el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y disminuir los riesgos para la población civil.

Entre los compromisos específicos asumidos por las ACSN se encuentra el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra civiles. También reiteraron que no adelantarán acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, y que no ejecutarán ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública.

Acuerdos en materia de menores de edad

En materia de niñez y adolescencia, el grupo se comprometió a no reclutar, usar ni instrumentalizar a menores de 18 años en ninguna de sus actividades. En caso de identificarse la presencia de niños, niñas o adolescentes en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Otro de los puntos acordados es la abstención de cualquier tipo de extorsión en los municipios priorizados y el respeto al desarrollo de acciones institucionales lideradas por el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

El acuerdo fue suscrito con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), en calidad de observadora.