Alertas por minas en el Catatumbo se habían emitido desde 2025
Organización advierte que el riesgo en zonas rurales ya estaba documentado y en expansión.
Foto: Referencia.
Norte de Santander.
Las recientes afectaciones por artefactos explosivos en zonas rurales del Catatumbo vuelven a poner sobre la mesa una advertencia que, según organizaciones humanitarias, ya se había hecho desde finales de 2025 ante el crecimiento del riesgo para la población civil.
Durante una entrevista con Caracol Radio, Lina Mejía, integrante de Vivamos Humanos, explicó que desde la Mesa Humanitaria del territorio se venían documentando situaciones relacionadas con la presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos en zonas rurales del municipio de Tibú.
“Habíamos advertido estas situaciones desde hace algún tiempo. La alerta más cercana la hicimos entre noviembre y diciembre del año pasado, señalando lugares como Versalles, Campo 6 y Filo El Gringo, donde se han documentado múltiples denuncias relativas a este tema de artefactos explosivos y minas antipersonal”, señaló.
Según relató, las advertencias se sustentaban en reportes de la comunidad sobre sectores que representan un alto riesgo por tratarse de lugares de tránsito cotidiano.
Caminos veredales, zonas cercanas a escuelas y áreas con presencia constante de población fueron identificados como puntos sensibles.
“Hay zonas de alta afluencia poblacional minadas, lugares relativos a caminos comunes y adicionalmente cercanos a escuelas. La preocupación principal ha sido siempre la exposición permanente de campesinos, familias y menores de edad”, explicó.
Mejía indicó además que, dentro del trabajo de documentación realizado por las organizaciones humanitarias, se lograron identificar más de 41 situaciones asociadas al riesgo por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin detonar y el uso de drones con explosivos que han impactado viviendas y bienes civiles.
Para la lideresa, lo que ocurre actualmente refleja un escenario que se venía configurando desde tiempo atrás.
“Esto es una tragedia casi que anunciada. Los afectados por la falta de atención y de articulación institucional siguen siendo la población civil”, afirmó.
También advirtió sobre el impacto humanitario que genera la instalación de estos artefactos en zonas rurales y la necesidad de acciones urgentes.
“Hay una responsabilidad compartida entre los grupos armados que hacen uso de estos artefactos, sabiendo que pueden ocasionar un daño desproporcionado, y el Estado, que en su presencia institucional debería hacer frente a esta situación”, puntualizó.