Vicecontralor denuncia hackeo, seguimientos y “entrampamiento” político; Fiscalía abre investigación
El vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga denunció ante la Fiscalía un presunto plan para desprestigiarlo, que incluiría seguimientos, interceptaciones ilegales y la búsqueda de testigos falsos.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y puedan dejar de ser “cementerios de concreto” | Foto: Caracol Radio
El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar un supuesto “entrampamiento” en su contra que, según aseguró, estaría siendo impulsado por políticos y funcionarios públicos del norte del país.
La denuncia fue radicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde el funcionario entregó información sobre presuntos seguimientos, hackeo de su celular y campañas de desprestigio que, afirma, buscarían afectar su imagen pública en medio de investigaciones fiscales que adelanta la entidad.
¿Qué pasó y quiénes están involucrados?
Zuluaga señaló directamente a políticos del departamento de La Guajira, del Cesar y a funcionarios del municipio de Sabanalarga como presuntos responsables del plan para desacreditarlo.
“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabanalarga”, aseguró el vicecontralor.
De acuerdo a la versión entregada por el vicecontralor, las acciones incluirían la presunta búsqueda de testigos falsos para vincularlo a casos de abuso y corrupción, información que —según dijo— sería difundida en redes sociales a través de las llamadas bodegas digitales.
“Hemos puesto en conocimiento informaciones relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso y corrupción que van a ser replicados en redes”, afirmó Zuluaga.
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El funcionario tambien afirmó que su teléfono habría sido intervenido ilegalmente:
“Lo que creemos es que mi equipo telefónico ha sido hackeado para tener acceso a mis conversaciones y a mi vida privada. Esto ya está en conocimiento de la Fiscalía” agregó el funcionario.
Asimismo, también aseguró que su esquema de seguridad ha detectado adicionalmente situaciones sospechosas en varias ciudades, como Cartagena, Santo Tomás (Atlántico) y Bogotá.
“El equipo de seguridad viene registrando desde hace semanas personas que me han grabado y toman fotografías de los desplazamientos”, explicó.
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¿Por qué habría ocurrido?
El vicecontralor aseguró que el supuesto plan estaría relacionado con investigaciones que adelanta la Contraloría sobre el uso de recursos públicos y proyectos financiados con regalías en La Guajira y otros territorios.
“Mi función es investigar el uso adecuado de los recursos públicos y hemos detectado presuntas irregularidades en algunos proyectos que se ejecutan con regalías”, indicó.
También mencionó que recientemente habló públicamente sobre una posible aspiración a la Contraloría General, lo que, según dijo, podría estar ligado a los ataques en su contra.
Tras su pronunciación concluyó el funcionario que, “La Fiscalía hizo la recepción de la denuncia y este es un proceso que seguramente va a tener resultados pronto”.
¿Qué hará la Fiscalía?
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía anunció la apertura de una noticia criminal (inicio formal de una investigación penal) por los delitos de acceso abusivo a sistema informático e injuria.
Según informó el ente acusador a través de su cuenta oficial, un equipo especializado de policía judicial asumió las labores investigativas relacionadas con la posible interceptación ilegal de comunicaciones y otros actos que habrían buscado afectar la integridad del funcionario.
La investigación incluirá la verificación técnica de los dispositivos electrónicos del vicecontralor, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento a los hechos denunciados.
El caso ocurre en medio de investigaciones fiscales sobre el manejo de recursos públicos en varias regiones del país y pone nuevamente en el debate el uso de herramientas digitales para campañas de desprestigio político y judicial.